Fideicomiso a litigio
Encono y desconfianza
Odebrecht y otros pendientes
La trampa, o el retorcimiento, está en el concepto de legalidad: con el caso del morenizado fideicomiso para damnificados por el sismo se va tendiendo un cerco de “legalidad”, selectiva y magnificada, en torno a Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El mismo sistema o aparato de poder que “reconoció” sin chistar el arrasador triunfo electoral del tabasqueño ahora buscará someter al virtual Presidente electo a los términos de esa misma normatividad administrada en primera instancia por el Instituto Nacional Electoral (INE) y, en segunda y definitiva, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órgano este que en unas semanas deberá declarar válidas o inválidas las recientes elecciones y sus resultados.
En estricto sentido jurídico, y en el plano de “normalidad” legal y electoral que se pretende derivar del extraño primero de julio reciente (“normalidad” asumida con temeridad y desmemoria por parte de algunos de los presuntos beneficiados por este falso milagro), el expediente del fideicomiso denominado “Por los demás” debería transitar, sin mayores sobresaltos ni aspavientos, por las vías institucionales.
La investigación realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE contiene suficientes datos e indicios de una actividad de particulares (la creación del mencionado fideicomiso), relacionada con un partido: desde la dirección fiscal, que es la misma de la sede nacional de Morena, hasta la militancia de quienes depositaban y quienes recibían recursos económicos. Si fuera cierto lo que hasta ahora sostiene el INE en este caso, se estaría en presencia de una conducta jurídicamente punible. También, desde luego, existe la posibilidad de que sea falsa o intencionalmente exagerada la narrativa respecto a esos depósitos y retiros, y que haya sido genuina y demostrable la presunta intencionalidad de asistencialismo postsísmico y no de manipulación económica para fines electorales.
Pero ese paso de superior evaluación judicial, en aras de la “normalidad” y la “legalidad” supuestamente reinstaladas el primer día del mes en curso, corresponde al antes mencionado tribunal electoral federal. Los directivos de Morena, y el virtual Presidente electo, han quedado entrampados en esos senderos de los “nuevos tiempos”: como depositarios de un apabullante poder político en espera de su formal instalación institucional, podrían haberse declarado pulcramente dispuestos a que las instancias adecuadas analicen y valoren los datos del expediente presentado por el INE y la cuantiosa multa impuesta. En lugar de ello, están optando por el adjetivo y la calificación, más lo político que lo jurídico, más el posicionamiento en el campo de batalla postelectoral que el esclarecimiento en el terreno “institucional”.
Suficientes motivos hay, desde luego, para el encono y la desconfianza. El aparato peñista se ha especializado en cometer descomunales atracos a la letra legal para encubrir conductas delictivas que, en otras condiciones, probablemente habrían llevado a la deposición de Enrique Peña Nieto y a la cancelación del registro del Partido Revolucionario Institucional, sólo a causa del caso Odebrecht y el financiamiento con fondos extranjeros para parte de la campaña presidencial de 2012, caso de escándalo internacional que mediante métodos francamente mafiosos se ha impedido investigar y castigar en su vertiente mexicana. Recientes casos de extrema delincuencia electoral impune se vivieron en los comicios de Coahuila y el Estado de México.
Con tales antecedentes y contexto, es natural que el súbito fulgor justiciero del INE sea percibido como parte del entrampamiento al que los poderes subsistentes pretenden someter al tabasqueño. Hoy, la ley electoral; mañana, las leyes laborales respecto a despidos y reajustes en el aparato burocrático federal; más adelante, leyes internacionales para oponerse a cualquier pretensión de ajustes en contratos en materia energética: las trampas de la ley.
No está de más recordar, en este escenario complicado, la relación del principal responsable de la investigación del INE respecto al fideicomiso “Por los demás”. Lizandro Núñez Picazo es el director de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del mencionado INE. Licenciado en contaduría por el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, con maestría en derecho fiscal por la Universidad Autónoma de Durango y un doctorado en ciencias de lo fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos.
Desde el primer día del presente año, Núñez Picazo funge como director de la UTF y, dado que durante los veinte años anteriores de su carrera profesional había estado en la secretaría federal de hacienda, bajo mandos que incluyeron a Luis Videgaray y a José Antonio Meade, hubo objeciones partidistas a su designación.
Astillas: Mil cuatrocientos altavoces fallaron en la Ciudad de México a la hora de emitir una alarma sísmica. También las cámaras de videograbación suelen estar fuera de servicio cuando se necesitan para esclarecer algún hecho delictivo. Los trenes del Metro se descomponen cada vez con más frecuencia. Simples estampas de la cotidianidad chilanga… Vicente Fox está decidido a no caerse de la cartelera cómica: eludió la revisión aduanal en un aeropuerto guanajuatense y se quiso justificar arguyendo que se brincó los protocolos de seguridad porque quería ir a los servicios sanitarios… Ah, también dijo el mencionado Fox que las pensiones y servicios a los ex presidentes no son un abuso de poder… Y, mientras AMLO ha informado que donó medio millón de pesos, provenientes de las regalías del más reciente de sus libros, al polémico fideicomiso para damnificados.
¡Hasta el próximo lunes, con Porfirio Muñoz Ledo encaminado a ser el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro y, como presidente de la mesa directiva, será quien coloque a López Obrador la banda presidencial el primero de diciembre!
