Avanza sin contratiempos la estrategia del gobierno federal para otorgar a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador del estado de Veracruz, el suficiente número de errores procesales que le permitan sanciones menores o una eventual exculpación, así como una liberación más pronta de lo que originalmente algunos habrían supuesto.
Este miércoles, mientras la atención pública se concentraba en otros detalles de la vida política y electoral, la Procuraduría General de la República volvió a escenificar una comedia de enredos ante un juez de control, durante una audiencia judicial que duró tres horas y cuyo saldo es ampliamente favorable para la causa del político priista aparentemente caído en desgracia: los datos e informes de índole bancaria y financiera que sustentarían las acusaciones contra Javier Duarte fueron virtualmente declarados como producto de maniobras sin sustento legal, lo cual abre una amplísima puerta para que todo el armado acusatorio de la PGR se derrumbe y permita la liberación del procesado.
Planteado con sencillez explicativa, puede decirse que la PGR concurrió este miércoles a esa audiencia judicial con argumentación e intenciones tan mal armadas que equivaldrían a ir ante un juez a confesar que las acusaciones no tienen respaldo. Los abogados de la procuraduría federal pretendieron que el juez de control autorizara una nueva petición a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que aporte pruebas y evidencias de empresas y personas que habrían participado en los ilícitos que se adjudican a Duarte de Ochoa.
Pero esos datos ya están en el expediente actual, lo cual fue evidenciado por el abogado defensor del veracruzano, Marco Antonio del Toro, y reconocido por el juez de control, Gerardo Moreno García.
Y esos datos sustanciales fueron obtenidos sin cumplir con los requerimientos legales del caso, lo cual finalmente fue aceptado por los abogados de la PGR, enviados a la guerra sin fusil o con un certificado de que el fusil no tiene balas o las balas han sido de salva.
Como sucedió en la audiencia inicial, en julio de 2017, los representantes de la PGR se mostraron imprecisos, contradictorios, impreparados y, en algunos momentos, tragicómicos (cual si ese fuese su encargo).
Con lo acumulado hasta ahora, Duarte de Ochoa podrá invocar violaciones al debido proceso.
Además, ayer obtuvo un plazo de seis meses para presentar nuevas pruebas y testimonios de su inocencia. Un plazo que vencerá el último día del mes de las reñidas elecciones por venir, ya cuando no tendrá un impacto negativo para el PRI y Los Pinos una eventual resolución altamente favorable para el exgobernador.
El propio juez Moreno, además de reprochar a los enviados de la PGR sus evidentes pifias y sus pretensiones de realizar maniobras procesales de mala factura, mencionó que unas semanas atrás trató de reunirse con él, en privado, un integrante de la PGR, ante lo cual Moreno habría respondido “que no podía resolver nada si no está presente la defensa.
No hacemos magia negra, aquí no hay acuerdos ni nos reunimos en lo oscurito” (la información específica sobre la audiencia de este miércoles fue tomada de la nota de César Arellano García, publicada en La Jornada https://goo.gl/VM2nPM).
El 19 de julio de 2017, esta columna se publicó con el siguiente título y sumarios: “El circo Javidú; Errores e impericias sembradas; Negligencia de PGR y Hacienda”.
El primer párrafo señalaba: “Fue muy afectuosa la bienvenida oficial a Javier N.
Llevaba unas horas de haber llegado a tierra mexicana y ya tenía las primeras muestras de gratitud de sus amigos con poder: la procuraduría federal de justicia, a cargo de otro conjurado del peñismo, Raúl Cervantes Andrade, envió a la primera audiencia judicial a un trío de abogados que ni siquiera sabían bien a bien de qué estaban acusando al engallado Javidú (para justificado beneplácito de él y de su quinteto de carísimos defensores), a tal grado que el juez a cargo del caso amonestó a los presuntos representantes de la sociedad por su incapacidad e imprecisión.”
En otro párrafo de esa entrega, se mencionaba: “Respecto del caso Duarte, aquí se ha hablado con insistencia y anticipación acerca del previsible uso de mecanismos de siembra de errores e impericia, por parte de acusadores gubernamentales, para propiciar la posterior liberación e incluso declaración de inocencia de presuntos delincuentes.
Es un método recurrente en asuntos de alto nivel del crimen organizado: pifias de procedimiento, equivocaciones sustanciales, enredos de cifras, datos y nombres; constancias, peritajes y diligencias con fechas, nombres o cargos de autoridades citados de forma errónea, y las muy famosas violaciones al debido proceso” (https://goo.gl/pkCBr3 ).
Seis años atrás, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal parecían destinados a ser los herederos naturales del mando del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien parecía decidido a no intentar por tercera ocasión una candidatura presidencial (alguno de esos dos personajes ha platicado, en confianza, que tal visión sucesoria habría sido expresada por el propio tabasqueño).
Ebrard y Monreal eran quienes más capital político y experiencia acumulaban, pero a lo largo de seis años la suerte de esa dupla cambió drásticamente.
Ayer, el exjefe del gobierno capitalino y el exgobernador de Zacatecas y exjefe delegacional en la Cuauhtémoc aparecieron en una lista de cinco coordinadores de circunscripciones electorales, confinados a una tarea de sacrificio que les permita obtener bonos de recuperación en el seno del lopezobradorismo que ya tiene nuevas figuras de relieve (Yeidckol Polevnsky, Alfonso Romo, Tatiana Clouthier y Andrés Manuel López Beltrán, por citar algunos ejemplos).
El encargo es fundamental: cuidar la estructura electoral.
Y, mientras en Estados Unidos insisten en el peligro ruso, para abrirle camino al injerencismo gringo, con un secretario de Estado de EE UU que hace significativa visita a México, ¡hasta el próximo lunes!
