Carlos Romero Deschamps, es uno de los más depurados símbolos de la corrupción mexicana. No es el personaje de la tragedia nacional que más riqueza hubiera acumulado, ni sus abusos son una excepción en los altos niveles de la política nacional. Pero su desfachatez y persistencia (superviviente de varios sexenios presidenciales, como muchos líderes sindicales del sistema) le han fijado en la percepción popular como una de las fichas más repudiables del tablero político tradicional.
Ahora parece haber entrado el citado dirigente sindical petrolero en el camino irreversible de la salida de escena, en una trama parecida a la que llevó a Eduardo Medina-Mora a dejar la Suprema Corte de Justicia de la Nación: expedientes judiciales relacionados con la corrupción estarían por empujarlo a la renuncia a la gerencia del gran negocio del sindicato petrolero que siempre estuvo plegado a los intereses de los poderes priistas y panistas.
Antier, el propio presidente de la República tocó el tema y dijo con un aire aparentemente informal que Romero Deschamps tendría que tomar una decisión personal en cuanto a seguir o no en la dirigencia de los trabajadores y, de esa manera, determinar desde cuál posición enfrentará las acusaciones que procesa la Fiscalía General de la República. Pero también consideró que en el caso de estas denuncias “lo mejor es no involucrar a las instituciones, que se asuma de manera personal”. sino Ya habrá de verse si hay justicia suficiente en el tratamiento al dirigente caído en desgracia sexenal, con penalidades proporcionales al gran daño a la nación que él cometió de manera sistemática, o su suerte va aparejada a alguna forma de benevolencia al adversario que huye.
Ha de decirse que el faraónico líder sindical no tiene una adscripción grupal específica, así que no puede interpretarse el golpe judicial contra él como si fuera dirigido a una facción definida: Romero Deschamps formó parte del bando y la banda correspondiente a cada sexenio, de tal manera que su procesamiento judicial no debería ser interpretado como un golpe político al más reciente de sus aliados, Enrique Peña Nieto.
La llamada “Ley Bonilla” se mantiene en un nivel alto de la discusión pública. La farsa de consulta realizada el pasado domingo parece hundirse en su intrascendencia de origen: es una marrullería mal hecha con la que se pretende apoyar la pretensión de asignarle tres años más de gobierno en Baja California a Jaime Bonilla Valdez. Hay otro dato propio de la peor factura tramposa del pasado que se considera superado: está “perdida” el acta de la sesión del congreso local que aprobó las reformas que buscan pasar de dos a cinco años en el ejercicio bonillista.
No es un extravío inocente: el proceso de impugnación de la “Ley Bonilla” solo puede iniciarse a partir de que ese acuerdo, sustentado en el acta legislativa correspondiente, sea publicado en el Diario Oficial de Baja California. Hacer perdediza tal acta pospone el arranque de impugnaciones judiciales, de tal manera que podría ser publicada en el citado diario oficial a última hora, antes de la toma de protesta de Bonilla, para que así no se vea ajado de inmediato el inicio de la gubernatura bajacaliforniana, aunque ello no significará mella o atenuante a las varias impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya tienen listas varios oponentes, entre ellos el mismo Instituto Nacional Electoral.
Astillas: Resulta peculiar que el gobernador Silvano Aureoles (formalmente perredista aunque, en realidad, impulsado por Enrique Peña Nieto), llame al presidente de la República a “enfrentar juntos” acontecimientos trágicos como el asesinato de catorce policías en Aguilla, Michoacán… Y, mientras el diario español El País ha informado que Andorra embargó 83 millones de dólares al litigante pro élites mexicanas, Juan Collado, ahora preso ¡hasta mañana!
