• Reacciones ante cambios
• Élites desplazadas
• Samir y el Comando Tlahuica
No es que México se esté encaminando a un modelo chavista o madurista: es que los factores de poder político y económico que han sido desplazados del timón nacional suelen repetir el modelo de desestabilización, provocación e injerencismo externo que se ha practicado en otras naciones; en Venezuela, desde hace años, y de manera descarada en los tiempos que corren.
Vale, y es necesario, denunciar y oponerse a la retención durante poco más de un par de horas y al decomiso del instrumental de trabajo, y su contenido videograbado, del equipo de Univisión encabezado por el periodista Jorge Ramos. Pero ese reprobable incidente tiene como contexto la embestida gradual y sistemática (ahora, con pretensiones de estar llegando a su fase final, la cual podría darse mediante una intervención armada) contra un país, Venezuela, que decidió de manera soberana y democrática irse dando un tipo de gobierno cargado abiertamente a lo popular.
En México no está en curso ningún proyecto socialista. A juicio de este tecleador, ni siquiera hay un proyecto real y pleno de izquierda. Al contrario, la textura política del presidente López Obrador tiene zonas extensas de conservadurismo (no sólo en los terrenos religioso y de la sexualidad) y en su gabinete y en su diaria operación pragmática ha incorporado al suficiente número de piezas del régimen que se dice que se busca cambiar, y de empresarios deseosos de ganar rebanadas de nuevos pasteles, todo lo cual difícilmente debería significar un peligro verdadero para un sistema político y económico urgido de un remozamiento que le conceda más tiempo de vigencia.
Sin embargo, el enfoque cuantiosamente asistencialista de la administración obradorista, y la correspondiente consolidación de una base electoral que garantice larga continuidad al proceso andresino-morenista, llaman a preocupación a cúpulas nacionales e internacionales. En ese tenor ya se han producido tentativas de desestabilización, que no han prosperado.
Ahora, la agencia calificadora de riesgos crediticios, Moodys, en su vertiente mexicana, ha advertido que esa vocación por lo asistencial, el gran presupuesto destinado a tratar de revivir a Petróleos Mexicanos y la insuficiencia presupuestal federal, constituyen factores que podrían llevar a disminuir las calificaciones de México.
Al mismo tiempo, voces de la élite empresarial se declaran sumamente preocupadas por las huelgas que han estallado en maquiladoras fronterizas (en específico, en Matamoros, Tamaulipas, desde donde la corresponsal de La Jornada, Julia Leduc, ha reportado los avances de las luchas proletarias y la falsedad de la versión de que alguna maquiladora ha dejado el país). El temor es que tal oleada de exigencias obreras trastoque la (injusta) paz laboral mantenida durante décadas.
Un proyecto de clara orientación popular, con una extraordinaria base de apoyo electoral y demoscópico, puede ser combatido por sus opositores con las mismas armas que en Venezuela comenzaron a crear las críticas condiciones actuales. Verse hoy, con cuidado y responsabilidad, en el espejo venezolano de las desestabilizaciones y el golpismo, movidos desde fuera y con aliados internos, es una tarea necesaria.
Con una rapidez que por sí misma ya denotaba irregularidad grave, la Fiscalía General de Morelos reportó, a muy pocas horas de saberse del asesinato de Samir Flores (el activista de varias causas, entre ellas la oposición a la termoeléctrica de Huexca), que el móvil de esa ejecución estaba desligado de lo político, pues se habían encontrado en el lugar de los hechos evidencias que apuntaban de inmediato al mundillo del crimen organizado (estigmatización que de inmediato fue rechazada por los compañeros de Samir, integrantes del frente de pueblos en defensa de la tierra y del agua de esa región).
Aparte del “modo” de ejecución y el calibre de las balas detonadas, el fiscal Uriel Carmona Gándara (postulado por el entonces gobernador perredista Graco Ramírez para un periodo de nueve años de ejercicio, a partir de febrero de 2018) reportó que se había encontrado una cartulina, atribuida al “Comando Tlahuica”, en la que este grupo se hacía responsable del asesinato.
Sin peritajes ni estudio alguno, el fiscal general del estado fundó su vertiginosa hipótesis en tal presunción documental. Pero, ahora, resulta que la cartulina no existe ni existió en términos jurídicos (se dice que un policía la vio, lo comentó a sus superiores y de ahí surgió la especie), no fue integrada a ningún expediente judicial y, por tanto, la versión del crimen organizado ha quedado sin sostén y, ha de suponerse, se sostiene la de una presunta causal de índole política.
Aún cuando el fiscal de hipótesis perdedizas, Carmona Gándara, ha sido impugnado formalmente por el gobierno del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, la mayoría de Morena en el congreso local ha impedido tal defenestración del “fiscal carnal” dejado por Graco Ramírez. Los críticos de esta protección morenista aseguran que el pivote de ella es Miguel Enrique Lucía Espejo, quien fue presidente del comité estatal de Morena, senador suplente que asumió brevemente la titularidad en la legislatura anterior y, a la fecha, titular de la unidad de enlace legislativo, en el ámbito del subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo.
Astillas: El abogado Arturo Alcalde Justiniani rechazó las versiones de que él, como abogado especialista en asesoría a sindicatos, esté tras la ola de huelgas o de emplazamientos a ellas que se ha desatado en maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas, en algunas casas de estudio y en otras empresas. Padre de la actual secretaria federal del trabajo y litigante en asuntos laborales desde antes que ella naciera, Alcalde Justiniani señala que no ha caído ni caerá en conflictos de interés en su actividad como asesor legal de sindicatos… ¡Hasta mañana!
