Una nota publicada en The Wall Street Journal, atribuida a un “alto funcionario” mexicano, reinstaló con fuerza a Enrique Peña Nieto en la presunción de que podría ser sujeto a un proceso de corresponsabilidad por los actos de corrupción hasta ahora atribuidos a Emilio Lozoya Austin, quien fue su coordinador de asuntos internacionales en la campaña presidencial de 2012 y, luego, director de Pemex, cargo este desde donde habría pagado favores a la transnacional Odebrecht y habría realizado, entre otros actos lesivos del erario nacional, operaciones como la compra de la empresa Agronitrogenados a Altos Hornos de México.
La versión difundida por el diario neoyorquino asegura que la oficina de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, “tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya” en los dos expedientes arriba mencionados “llega al más alto nivel”, esto “refiriéndose a Peña Nieto”.
Según esa misma nota de WSJ, “La extradición y (cualquier posible) confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el expresidente será acusado en el futuro”.
Que una presunta información de este calado gane lugar en un diario de influencia mundial no significa necesariamente que sea cierta, aunque ha sido práctica de diversas administraciones presidenciales privilegiar a estos medios internacionales para filtrar posturas o datos y darles una supuesta mayor contundencia.
La nota en mención se produce en momentos políticos muy especiales. Como nunca a lo largo de su agitado mandato, el presidente López Obrador ha sido confrontado por grupos feministas y por demandantes de que haya políticas eficaces contra feminicidios y otras agresiones constantes a mujeres. Por otra parte, está en un peculiar proceso de aparente conciliación con fuerzas priistas (el congreso sindical de Pedro Haces Barba y la próxima aparición presidencial en un congreso de la Confederación de Trabajadores de México, además de los entendimientos llamados PRI-Mor).
También hay una especie de reconciliación con cúpulas empresariales, como pudo verse en la famosa cena de tamales de chipilín y cachitos de Lotería y, apenas este martes, en una reunión nocturna con directivos de varias de las principales empresas extranjeras con operación en México, entre ellas Walmart, a la que el obradorismo ha planteado la exigencia de que pague 10,559 millones de pesos por “presuntas diferencias en el pago de contribuciones por la compra de la división de restaurantes Vips por Alsea, realizada en 2014.
De las aguas agitadas de la política nacional y del tenso ambiente que se vive en ciertos ámbitos de la vida pública dio cuenta el miércoles, el mismo presidente López Obrador, quien agradeció a soldados y marinos, en el marco de la conmemoración del Día del Ejército, “no escuchar el canto de las sirenas y dar la espalda a la traición y el golpismo”.
Más tarde, en un discurso en memoria del asesinato de Gustavo A. Madero y Adolfo Bassó, el propio presidente de la República prefirió no dar lectura a una parte de su discurso en que mencionaría cómo “no todos lamentaron este abominable hecho” y “cómo un sector lo celebró”. Dijo que prefería omitir esa referencia en su discurso “porque no quiero, no quiero polarizar más”. Antes, otro orador en el acto había expresado su adhesión a las políticas obradoristas: “Yo estoy con usted: los conservadores son irremediablemente pendejos”.En este marco de polarización, tentaciones golpistas, presiones de las cúpulas empresariales y una desesperada búsqueda de banderas electorales y políticas por parte de sus opositores, ¿convendrá tácticamente al presidente López Obrador (aunque formalmente sea Gertz Manero) ir contra el priismo y en específico contra Enrique Peña Nieto?
