Alberto Bazbaz Sacal no merecería ocupar ningún cargo público después del escandaloso desenlace que propició en el caso de la niña Paulette Gebara Farah, muerta en mayo de 2010, buscada durante nueve días con aparatosidad proporcional a la atención nacional que provocó su desaparición y “encontrada” de manera increíble entre la base y el colchón de su propia cama, en una habitación de su casa de Interlomas, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, gobernado entonces por Enrique Peña Nieto.
La desvergonzada manera de dar por terminado ese episodio, bajo el inaceptable argumento de que la niña había fallecido por accidente y que siempre había estado su cuerpo en esa colocación de su lecho, sin que policías, peritos, periodistas o perros de búsqueda la hubiesen detectado, obligó a Bazbaz Sacal a renunciar a la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
Le relevó otro personaje del mismo grupo peñista, Alfredo Castillo, quien ya en la administración peñista es el comisionado nacional para el deporte y la cultura física y antes fue comisionado para gobernar Michoacán de manera anticonstitucional (ante las fallas, omisiones y permisividad del entonces gobernador, Fausto Vallejo, quien, irónicamente, ahora pretende volver a la escena política, como aspirante a presidir Morelia).
A pesar del episodio de la niña Paulette, o, por el contrario, gracias a la forma en que condujo el caso, Bazbaz Sacal fue premiado por su jefe de entonces y ahora, Peña Nieto, con una posición discreta pero poderosa, la dirección de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sí: el funcionario que no tuvo la capacidad para encontrar el cadáver de una niña en su propia cama fue puesto al frente de la instancia que ha vigilado el movimiento de cuentas bancarias y operaciones financieras de todo el país, con especial obligación de detectar y combatir lo relacionado con el lavado de dinero, tarea ésta en la que fue particularmente fallido, con resultados “generalmente bajos”, según el Grupo de Acción Financiera de la Auditoría Superior de la Federación.
La muy baja productividad de Bazbaz Sacal al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera ha significado, al mismo tiempo, una gran oportunidad para que puedan actuar sin problemas los grupos del crimen organizado, los políticos corruptos y los evasores fiscales, entre otros segmentos “de interés”. En un sentido tragicómico podría decirse que el abogado Bazbaz Sacal nunca pudo encontrar el cuerpo del delito de lavado de dinero en la cama de los poderosos, aunque sí algunos retazos selectos de sus vestimentas, algunos botones de muestra simbólica.
Ahora, el mismo personaje del ridículo desenlace del caso de la niña Paulette, el que no pudo combatir el lavado de dinero o bien habría sido puesto ahí justamente para no combatirlo, ha sido nombrado titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la agencia mexicana de inteligencia que dirigía Eugenio Ímaz Gispert como parte del equipo de trabajo (ahora desarticulado) de Miguel Ángel Osorio Chong, el anterior secretario de Gobernación.
El nombramiento de un personaje dispuesto a cumplir las órdenes superiores más disparatadas, incluso a riesgo de caer en los terrenos de lo inverosímil, no es una buena noticia para una entidad que debería ser clave para el buen funcionamiento del sistema presidencial mexicano, como es el Cisen. Esta agencia ha ido en constante declive, utilizada con sentido faccioso por los titulares de las administraciones federales de, cuando menos, los dos sexenios ocupados por panistas y lo que va del presente, el peñista.
Instalar a Bazbaz Sacal al frente de un instrumento de espionaje, más que de inteligencia, es un mensaje infortunado en el muy difícil tramo de efervescencia electoral, política y social que está en curso. Con dicho personaje al frente, el Cisen no será una entidad al servicio del Estado, ni siquiera del gobierno en su generalidad institucional, sino de una facción, la mexiquense, la peñista, que está haciendo cuanto le es posible, a niveles tan descarados como indicativos, por armar escenarios de guerra política en busca de una continuidad que consideran en fuerte peligro.
En ese atrincheramiento mexiquense, el nuevo secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ha nombrado como subsecretario de gobierno a Manuel Cadena Morales, quien ha sido diputado y senador por el Estado de México, funcionario federal y, durante todo el sexenio de Arturo Montiel, ni más ni menos que el segundo de a bordo, como secretario de gobierno. Cadena Morales era oficial mayor con Navarrete Prida en la secretaría del trabajo y ahora es instalado en la subsecretaría de Bucareli de mayor peso político: el montielismo reivindicado.
La figura de los candidatos sin partido, llamados “independientes”, a cargos de elección popular, ha sido severamente lastimada por personajes de enorme carga partidista previa, con bien aceitados equipos de apoyo.
Los casos más notables son los del priista por más de treinta años, Jaime Rodríguez Calderón, alias el Bronco, convertido ahora en el Brinco, pues pidió licencia al cargo de gobernador de Nuevo León, y el de Margarita Zavala, panista durante décadas, a quien ha apoyado en la recolección de firmas a su favor la mayoría de los empleados de la oficina de su esposo, Felipe Calderón, pagada ésta con dinero público como parte de los privilegios que de manera ilegal se han asignado quienes han ocupado la residencia de Los Pinos.
El Instituto Nacional Electoral revisa ahora la consistencia de esa recolección de firmas y ha comenzado a encontrar comportamientos tramposos, compra de esos apoyos y otras tretas que afectan la de por sí disminuida confianza, salvo casos aislados, en ese mecanismo de participación política.
Y, mientras Trump nos da tregua en lo del TLC, para después de las elecciones, pero adelanta que México pagará de manera indirecta por el famoso muro fronterizo, a través de la renegociación de ese tratado ¡Hasta el próximo lunes!
