Es una pifia de dimensiones aún desconocidas, el hecho de que el presidente de México se haya reunido en la casa de un vicepresidente de Televisa con un alto representante formal del gobierno de Estados Unidos, para llegar a acuerdos de índole política, económica, comercial y migratoria.
Resulta desconcertante tal fusión de intereses justamente cuando el presidente de México acaba de proclamar el fin del modelo neoliberal y “su política económica de pillaje, antipopular y entreguista”. Hasta antes de los nuevos tiempos obradoristas, Estados Unidos y Televisa constituían referencias constantes de ese modelo y de algunas de esas políticas.
Cierto es que, ya como titular del Poder Ejecutivo Federal, el político tabasqueño debe actuar con prudencia y diplomacia, pero no aparece en el panorama nada que parezca justificar la sesión de trabajo del presidente de México y el enviado del presidente de Estados Unidos en la casa de un personaje, Bernardo Gómez, el mencionado vicepresidente de Televisa, que con absoluta legitimidad podría tomar ventaja y aprovechar a favor de su empresa, Televisa, y en detrimento de otras empresas, lo que se habló y negoció con el plenipotenciario yerno de Donald Trump.
Lo altamente irregular de esa estampa nocturna de gastronomía y política tiene como agravante la historia política reciente de nuestro país: el rechazo abierto de buena parte de los mexicanos a la recepción sumisa y colaboracionista del gobierno de Enrique Peña Nieto al recibir al entonces candidato presidencial, Trump, en Los Pinos, con trato de presidente en funciones.
La posterior apuesta de Peña Nieto, y de su cerebro operativo sustituto, Luis Videgaray, fue entregarse en brazos políticos del primer yerno de la Casa Blanca, Jared Kushner, con quien se arreglaban los asuntos mexicanos sin tomar en cuenta a los embajadores formales de cada país en el otro.
El agradecimiento de la dupla Peña-Videgaray a Kushner llegó al extremo de que en la última semana de Peña Nieto en el poder se le hizo entrega de la Orden Mexicana del Águila Azteca, la máxima presea mexicana de reconocimiento “que se les otorga a los extranjeros en México por servicios prominentes prestados a la Nación Mexicana o a la humanidad”. El siguiente gobierno, el obradorista, no quiso impugnar y mucho menos retirar esa polémica asignación, atenido a la Doctrina Amnistía: no ver hacia atrás.
En el propio Estados Unidos ha habido fuertes intentos en la clase política por frenar el activismo del yerno Kushner, quien es asesor ejecutivo del presidente Trump. John Kelly, el riguroso general que en ese momento fungía como jefe del gabinete gringo, gestionó que a Kushner se le prohibiera el acceso a documentación privilegiada y secretos de estado, pues se temía y teme que el yerno tenga predisposición a utilizarla para intereses personales o grupales. Kushner es accionista de la editorial que publica The New York Observer y propietario de un negocio inmobiliario.
Una parte de la élite política estadunidense teme que el yerno sea capaz de usar información y de propiciar decisiones presidenciales para favorecer sus intereses comerciales.
A pesar de todo, con un desparpajo impropio de lo que se ha llamado la Cuarta Transformación, se ha propiciado que el vicepresidente de una empresa comercial tan ávida de recomponer finanzas, como es Televisa, haya sido anfitrión de una sesión en la que se habló del curso final del renegociado acuerdo comercial entre países de Norteamérica, de la inversión de cuando menos diez mil millones de dólares que el gobierno de Trump podría allegar a México para que este país continúe fungiendo como barrera contra el paso de centroamericanos a Estados Unidos y de las medidas migratorias en sí, que constituyen un asunto de seguridad nacional. En otros tiempos, eso sería calificado como una reunión con conflicto de intereses, con manejo de información privilegiada y con tufos muy preocupantes para el interés nacional.
A pesar de todo, no logró el Partido Encuentro Social la resurrección tan esperada. Los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no aprobaron la pretensión de los directivos del PES para considerar su número de diputados y senadores (obtenidos como efecto cascada por el imán electoral de López Obrador, no por el PES en sí: consideración astillada) como indicio de que merecía la supervivencia a pesar de no haber obtenido el 3% de la votación nacional.
Expresamente conservadora, dirigida por el “cristiano concurrente” Erick Flores, actual superdelegado del gobierno obradorista en Morelos, esa agrupación se alista, sin embargo, para tratar de reconstituirse con un nuevo nombre: Partido Encuentro Solidario.
En Huexca y en algunas partes de Morelos se produjo en semanas anteriores el primer choque seco entre la izquierda electoral y la izquierda social (agrupaciones en defensa de los recursos naturales, por ejemplo), dado que el gobierno de López Obrador impuso un “ejercicio participativo” (no una consulta legal, con requisitos cumplidos y obligatoriedad de cumplimiento en sus resultados) para tratar de validar la decisión de avanzar en el Proyecto Integral Morelos, que implica la construcción del gasoducto, acueducto y la termoeléctrica.
