Tal como se había acordado a la hora de cerrar tratos para formalizar la coalición electoral entre los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, la candidatura de ese frente a gobernar la Ciudad de México fue asignada a Alejandra Barrales Magdaleno, chilanga que cumplió cincuenta años de edad en julio pasado, quien inició su carrera política como miembro de la dirigencia de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, luego que Mexicana de Aviación había realizado un despido masivo de ellos, en 2000.
La confirmación de la candidatura tan sabida significa un paso adelante de Miguel Ángel Mancera en su proyecto de habilitarse como secretario de estado o alto funcionario en un eventual gobierno de coalición, en caso de que la Presidencia de la República fuera asumida por Ricardo Anaya Cortés (la apuesta principal de MAM) o José Antonio Meade (si éste llegara a Los Pinos en condiciones que le forzaran a hacer alianzas de organigrama con el frente PAN-PRD).
Barrales Magdaleno tiene posibilidades muy disminuidas de ganarle a Claudia Sheinbaum, la virtual candidata del partido Morena (en realidad, el PRD no tuvo alguna figura alterna para enfrentar con éxito a la exdelegada en Tlalpan; si acaso, el frustrado anzuelo a Ricardo Monreal).
En el contraste de las dos figuras, la perredista cuenta con más referencias negativas, entre otras, las relacionadas con su prosperidad inmobiliaria, en México y en Miami (la morenista, a su vez, será atacada por los temas del segundo piso vial y del colegio Rébsamen).
La distancia se ensancha al pasar de los planos personales a los partidistas: el sol azteca vive un incesante proceso de trasvase de cuadros hacia la opción reconfigurada que significa Morena, con Andrés Manuel López Obrador como imán de votos en el nuevo partido, al igual que lo fue en 2006 y 2012 para el PRD.
La instalación de Barrales como candidata se ha sustentado en los resultados de tres casas encuestadoras, que colocaron a la exsecretaria de educación del gobierno de Mancera como triunfadora, con los utilitarios Salomón Chertorivski y Armando Ahued en segundo y tercer lugares, respectivamente.
En el curso de la formalización de esta candidatura, Mancera jugó el papel de político ofendido, molesto por el “mal trato” que le habrían dado a la hora de declarar candidato (otra carta marcada) a Ricardo Anaya, tratando de hacer sentir que él se consideraba un competidor viable frente al panista. Incluso se hizo circular la versión de que Mancera se consideraría “traicionado” por Barrales.
Los hechos muestran lo contrario: Mancera pudo haber vetado la candidatura de Barrales, por sí mismo o a través de otro de sus operadores, Manuel Granados, convertido en el sucesor de la ahora candidata en la presidencia nacional del PRD.
La abogada, con maestría en administración pública, que ha sido asambleísta capitalina, senadora, funcionaria gubernamental y dirigente nacional perredista, contará ahora con el respaldo pleno del aparato mancerista y de los exacerbados grupos del doliente perredismo capitalino que parecen dispuestos a usar cuanto recurso esté a su alcance (no sólo los económicos, en especial los violentos), para defender sus plazas en peligro de cambiar de administradores.
A fin de cuentas, la suerte de Barrales estará sujeta a la evolución que tenga la candidatura de Ricardo Anaya como candidato presidencial.
Si el panista logra desplazar a José Antonio Meade del segundo lugar de la contienda, y en aquel se concentra toda la fuerza que se opone a López Obrador, Barrales podrá tener mejores números.
El aroma de un triunfo presidencial viable podría llevar al panismo capitalino a dejar a un lado las reticencias actuales y a dar un apoyo más amplio al perredismo que hasta ahora ven con menosprecio.
La administración peñista busca arrebatar algún retazo de la bandera que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, ondeará a partir de este sábado, en el curso de una marcha por la dignidad que irá de Ciudad Juárez a la capital del país. Por lo pronto, ha anunciado que esta misma semana dará trámite a cuando menos tres solicitudes formales para que sea extraditado, de Estados Unidos, el exgobernador César Duarte, priista acusado de saquear el erario de aquella entidad norteña.
Traer de regreso a México a un político priista acusado de corrupción no significa, de ninguna manera, que se planeé de manera genuina hacer justicia.
Los casos de Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge, exgobernadores de Veracruz y Quintana Roo, por dar ejemplos, han estado rodeados de circunstancias que permiten vislumbrar ánimos de simulación, tratos privilegiados, manejos intencionalmente erróneos de los procesos y una taimada acotación del universo delictivo a juzgar.
Aún dando por cierto un tardío espíritu justiciero en el caso del chihuahuense Duarte (¿estaría la PGR gestionando su extradición si no hubiera la movilización política y social que ha rebasado los linderos de esa entidad?), sigue pendiente la entrega de los cientos de millones de pesos que el gobierno federal ha retenido, usando como pretexto los litigios de la administración de Corral respecto a maniobras de corrupción.
Y, desde luego, falta ver el curso que sigan esas investigaciones estatales respecto a la triangulación de fondos federales, con la complicidad de los gobiernos priistas de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas, para allegar dinero en efectivo a campañas electorales priistas.
A la hora de cerrar esta columna, 3750 firmas apoyaban la solicitud de Juan Ignacio Zavala, presentada en el sitio Change, para pedir que sea expulsado del país el académico y activista John Ackerman, y le sea retirada la nacionalidad, por ser “agente ruso”.
En lúdica contrapartida, el monero Patricio convocó en el mismo sitio, Change, a firmar electrónicamente para apoyar que Zavala (hermano de la aspirante a candidata presidencial independiente), sea expulsado del país, “por pendejo”.
La propuesta de Patricio tenía, a la hora arriba citada, 8260 respaldos.
¡Hasta mañana!
