El primer día de (pre) campañas presidenciales tuvo varios escenarios preocupantes y, uno, de abierta alarma (el de la Ley de Seguridad Nacional). amlo
Aún antes de que terminara el miércoles, ya estaban algunos aspirantes en las pantallas de televisión abierta, anunciando lo que harían a partir del primer minuto del jueves del arrancadero: José Antonio Meade se fue a San Juan Chamula, Chiapas, a gozar de la hospitalidad presupuestal del gobernador Verde-priista, Manuel Velasco (quien, al mismo tiempo, mantiene prendidas extrañas veladoras en el altar de la Morena) y Ricardo Anaya volvió a su solar natal, Querétaro, para invocar lugares de enamoramiento y, al igual que el priista, tejer apariencias de apoyo a comunidades indígenas.
El (todavía) puntero, Andrés Manuel López Obrador, se quedó en la Ciudad de México para presentar su propuesta de gabinete presidencial, si es que gana (o, si logra hacer que le reconozcan el triunfo). A juicio del presente tecleador, dicho mazo de cartas puede clasificarse en los siguientes grupos: guiños, históricos, lucha y enigmas.
En la primera sección se lanzan mensajes a grupos de poder y se busca apaciguar inquietudes del gran capital y de la clase política tradicional: la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, iría a Gobernación; proviene de la élite judicial (de sueldos exagerados) que ha conservado a salvo los intereses dominantes, y ella misma, apenas dejó la Corte, en noviembre de 2015, ya estaba en abril de 2016 como consejera independiente del consejo de administración de Banorte, el banco de los Carlos Hank; con ella en Bucareli se pretende garantizar que las decisiones políticas de López Obrador, la gobernabilidad (relaciones con partidos, congreso, grandes capitales y representantes de la iniciativa privada), se ajustarían escrupulosamente a la legalidad vigente, sin audacias ni desbordamientos “populares” o “populistas”./
A ese grupo de los guiños pertenece el propuesto para Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, enlace con el Grupo Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, donde ha presidido la Fundación Azteca; el enfilado hacia economía es Víctor Villalobos, a quien Luis Hernández Navarro definió como “el operador político de los agronegocios y defensor de los transgénicos”, preguntando “¿Qué dicen ahora los que aseguraban que la presencia de Alfonso Romo era inocua?”.
En ese mismo casillero de los intereses está Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, hija de Patrocinio González-Blanco, quien fue gobernador de Chiapas y secretario de gobernación durante un tramo del salinismo anterior y posterior al estallido neozapatista. A nadie se le pueden transferir las culpas o méritos de sus familiares, pero no hay ningún antecedente de lucha ambientalista de González-Blanco Ortiz-Mena para aspirar a una secretaría federal de ecología: dirige el Ecopark Aluxes, en Palenque, bajo la presidencia de su padre y participa públicamente en sus proyectos, en los que él ha hecho declaraciones políticas favorables al gobernador chiapaneco Velasco.
Hay una sección de los históricos, que han acompañado a López Obrador en diversos momentos y los ha propuesto para encargos similares: Héctor Vasconcelos para Relaciones Exteriores, Javier Jiménez Espriú para Comunicaciones y Transportes, Miguel Torruco para Turismo (con algún guiño también para Carlos Slim) y Carlos Manuel Urzúa (quien había estado en Finanzas del gobierno de AMLO en la Ciudad de México) para Hacienda (ya no Rogelio Ramírez de la O).
Un segmento especial es el de las cartas con abierto y fuerte compromiso con las causas sociales: Irma Eréndira Sandoval para la Función Pública, Rocío Nahle para Energía, Luisa María Alcalde a la secretaría del trabajo y Luisa María Albores para Sedesol. Y, en un plano que aún no permite adelantar juicios, los demás nominados.
Así transcurría la ilusión democrática, con sus claroscuros (hubo incluso protestas por la alianza electoral de Morena con el Partido Encuentro Social: Jesusa Rodríguez y Elena Poniatowska con una pancarta pidiendo echar fuera al partido derechista), mientras en el Senado el PRI y sus aliados ni siquiera se dignaban escuchar a los opositores a la Ley de Seguridad Interior, algunos de los cuales desahogaron sus pasiones analíticas frente a escaños vacíos: lo que importaba para el PRI-Los Pinos, y sus contlapaches, era la consigna que habría de cumplirse mediante un voto mayoritario que no necesitaba argumentos ni discusión alguna: luz verde a la militarización del país, en un paso histórico que colocará a las fuerzas armadas en condición “legal” de actuar contra disturbios de toda índole, incluso los políticos y electorales, si estos no son plenamente “pacíficos”.
No hay que darle vueltas al asunto: el empecinamiento de Los Pinos para que se apruebe esa ley forma parte del paquete de acciones preventivas ante el riesgo de que el proceso electoral de 2018 se desborde. El proceso de inflado de Meade no ha avanzado como los priistas desean y Ricardo Anaya también se muestra desencanchado ya en la etapa todoterreno, donde López Obrador lleva más de una década. El uso de la fuerza militar es una opción a considerar en el portafolio ejecutivo, de mando binacional, que el sistema requiere en estas circunstancias críticas.
Y ayer mismo, la cuenta tuitera de los @diputadosPRI informaba: “Aprobada reforma al Código Civil Federal para precisar que se considerará como hecho ilícito la comunicación, a través de cualquier medio, de un hecho cierto o falso que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien. Pasa al Senado #LoHacemosPorTi”.
Aún cuando existen mecanismos jurídicos similares en materia civil, es más amenazante la nueva vuelta a la tuerca, anunciada por la bancada priista. En las redes sociales, hasta ahora libres (aunque infiltradas y cada vez más manipuladas) ya no será fluido “comunicar” ni siquiera lo que sea “cierto”, pues cabría a cualquier “afectado” el iniciar un proceso civil que podría significar sanciones al difusor de verdades de tipo, por ejemplo, electoral. ¡Hasta el próximo lunes!
