En busca de alguna argumentación medianamente esgrimible para retomar voz pública luego de lo sucedido durante tres días de protestas en Guadalajara, sobre todo ante la cuasipinochetista acción de elementos de la Fiscalía General de Jalisco contra decenas de jóvenes, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez dijo a Televisa Guadalajara que gracias a la rápida actuación de esa misma fiscalía se había evitado el pasado viernes “un nuevo Ayotzinapa”.
La peregrina formulación de Alfaro pretende adjudicar al crimen organizado una capacidad de mando que le rebasaría a él y al personaje que durante largos años y en administraciones de diversos partidos (PAN, PRI y, ahora, MC) ha ocupado cargos públicos relevantes, sobre todo en materia de procuración de justicia y mando sobre policías, el actual fiscal Gerardo Octavio Solís.
El caso Ayotzinapa, es decir, la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, se construyó desde el poder: el presidente municipal y sus policías, la acción abierta de grupos del crimen organizado que tenían controlado a los mandos políticos locales, la complicidad de fuerzas federales (civiles y militares) y la posterior protección y encubrimiento del máximo poder nacional (Enrique Peña Nieto, entonces habitante de Los Pinos, y su pinocho designado, Jesús Murillo Karam).
Si en Guadalajara estuvo a punto de suceder “otro Ayotzinapa”, la responsabilidad estaría en el propio poder jalisciense, en los mandos políticos y operativos de los cuerpos policiacos agresores y secuestradores que habrían estado encaminados a asesinar y desaparecer a cuando menos una veintena de jóvenes que habían salido a protestar el pasado viernes por la detención, un día atrás, de otros jóvenes a su vez en protesta por la ejecución policiaca de Giovanni López, un albañil residente en Ixtlahuacán de los Membrillos.
Por otra parte, con esa mala tentativa de coartada, Alfaro acepta algo escalofriante: la operación virtualmente autónoma de policías estatales constitutivos de escuadrones de la muerte que son capaces de detener, golpear, secuestrar y amagar con terribles desenlaces a ciudadanos en general y, en particular, a jóvenes. Varios de los testimonios dados por personas detenidas y temporalmente desaparecidas entre el viernes y el sábado dijeron que los policías los amenazaron con matarlos, destazarlos y desaparecer sus restos o, abiertamente, entregarlos a grupos de narcotraficantes para que se encargaran de esas mismas tareas de exterminio.
En otro tema, ayer hubo doble sesión internética de la Junta de Gobierno de la agencia informativa del Estado mexicano, Notimex, y en la primera de ellas se designó como nuevo presidente a Roberto Velasco, coordinador de comunicación social de la Secretaría de Relaciones Exteriores (esta a cargo del multisecretario ejecutivo Marcelo Ebrard). La mencionada Junta está formada por representantes de las secretarías de Hacienda, Gobernación, Educación Pública y Relaciones Exteriores, más dos miembros del consejo consultivo editorial y el propio sindicato de la empresa.
Dado que existe una resolución de las autoridades laborales que han declarado válida la huelga declarada por el sindicato correspondiente desde febrero de este año, la Junta de Gobierno decidió que la agencia cumpliera con ese mandato. La periodista Sanjuana Martínez, directora de Notimex, aceptó la decisión del máximo órgano de gobierno de la agencia y anunció que a partir de hoy suspenderá labores. Un comité técnico de la Junta de Gobierno tratará de reanudar el diálogo entre el sindicato de trabajadores y la directiva de la agencia.
El próximo 18 volverá a sesionar la citada Junta y en esa ocasión se plantea abordar la petición de consejeros para que se investigue oficialmente el reporte de tres instancias, ajenas a Notimex, que han denunciado una campaña sistemática de descalificaciones contra extrabajadores de la agencia. ¡Hasta mañana!
