-Litigio (social) por remuneraciones
-Austeridad contra legalidad
-Tribunal avala fraude poblano
Una de las propuestas centrales del obradorismo ha entrado en un conflicto de definiciones con el aparato tradicional de justicia. El litigio no es menor ni secundario y va más allá del tema específico de las remuneraciones a servidores públicos: es la reivindicación que el Poder Judicial federal pretende hacer, a favor de sí mismo, ante la abrumadora concentración de poder en el Ejecutivo (el presidente Andrés Manuel López Obrador) y el Legislativo (bajo control, en los hechos, del mismo titular del Poder Ejecutivo federal), más los venideros nombramientos que en instituciones como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de impulsar el combo Palacio Nacional-San Lázaro y Senado.
La contienda judicial podría resultar interesante si se desenvolviera en un escenario de normalidad jurídica y política. Recurrir a las instancias de justicia para impugnar un acto de poder que se considere lesivo es uno de los derechos indiscutibles de los ciudadanos y de las instancias de organización social, como son los partidos políticos. Ninguna mayoría electoral, solo por su fuerza numérica, debería pretender frenar o satanizar la recurrencia de particulares e instituciones ante la potestad del Poder Judicial.
Sin embargo, el escenario político y social es particularmente adverso para el ejercicio judicial de escrutinios y eventuales sentencias a favor de causas en las que se incluye ese mismo poder. Así sea un exceso el estribillo propagandístico que propone al sexenio obradorista como proceso de una “cuarta transformación” del país y así sea insostenible la hipótesis de un “cambio de régimen”, lo cierto es que los poderes judiciales, el federal y los estatales, requieren una profunda transformación y un cambio verdadero, pues hasta ahora han sido, en lo general, parte del conjunto de complicidades y retorcimientos que provocaron la crisis de un sistema que ahora tiene en López Obrador, y sus propuestas correctivas, una oportunidad de saneamiento desde lo electoral (Morena) y lo institucional (la presidencia de la república y el control del congreso) sin estallidos violentos.
El choque en curso (con movilizaciones populares contra el freno a los sueldos excesivos) es, a fin de cuentas, entre una legalidad en bastante entredicho (la de los poderes judiciales) y una legitimidad de índole política y social (la exigencia de austeridad en cuanto a sueldos y prestaciones de una élite abusiva y despilfarradora). La suspensión de la aplicación de la ley sobre remuneraciones ha sido abiertamente rebatida por López Obrador, en un tono sin consideraciones, y por los conductores morenistas de las cámaras, Ricardo Monreal y Mario Delgado, quienes han hecho pronunciamientos secos, de absoluta descalificación, hacia esa decisión judicial y han advertido una virtual desobediencia legislativa, pues han asegurado que el próximo presupuesto federal no considerará la resolución imperativa emitida preventivamente por un ministro de la Corte.
La controversia en curso está exhibiendo penosamente la situación interna de ese Poder Judicial en el que jueces, magistrados y ministros (entre estos, Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, senadora con licencia y ahora secretaria de gobernación, pensionada con los mismos montos que ahora tanta irritación producen) han permitido que se les identifique ampliamente con los fenómenos de dispendio, corrupción e impunidad que el nuevo gobierno federal pretende erradicar.
Un ejemplo de esa disparidad, entre lo que el Poder Judicial pretende ser y lo que parte de los ciudadanos percibe, se acaba de producir en Puebla, donde el tribunal electoral, integrante del Poder Judicial de la Federación, ha confirmado la asignación de la gubernatura de esa entidad a la esposa del senador Rafael Moreno Valle, quien ya fue gobernador del mismo estado), a pesar de las múltiples pruebas de que en los comicios de referencia hubo un escandaloso fraude electoral.-
Mediante una votación dividida (cuatro votos contra tres) se impuso una visión complaciente con las gravísimas irregularidades y maquinaciones cometidas durante una elección en la que el aparato gubernamental estatal fue puesto al servicio de Moreno Valle y su esposa, Martha Erika Alonso, aunque el titular del momento sea Antonio Gali, gobernador por veinte meses, impuesto por el propio Moreno Valle, actual coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional.
Más allá de la encendida palabrería del momento, convendrá estar atento a las eventuales consecuencias de esta especie de cesión de plaza que Morena podría estar realizando en favor del citado Moreno Valle, quien podría estar canjeando (tales trueques son una especie de sello distintivo de ese personaje) la aceptación del “triunfo” conyugal por votos o actitudes panistas a favor de ciertos temas de interés morenista. A fin de cuentas, en el ánimo superior morenista no hay un compromiso profundo con el candidato derrotado, Miguel Barbosa, un perredista tradicional que fue miembro del grupo de los Chuchos hasta que decidió ejercer ese estilo chuchista por cuenta propia, lo que incluyó un salto “oportuno” a Morena./
La presidenta del tribunal electoral federal, Janine Madeline Otálora Malassis ha quedado en una situación complicada a raíz del proceso poblano, pues su voto fue uno de los que hicieron la diferencia de cuatro a tres en la resolución de referencia. En términos generales, ese tribunal ha mantenido una actitud de superficialidad e inocuidad respecto al fenómeno persistente de la defraudación en urnas y en las fases previa y posterior de los comicios. En ese sentido, la vertiente electoral del Poder Judicial federal también necesita transformaciones y cambios a fondo.
Y, mientras se reprograma la elección extraordinaria en el municipio oaxaqueño de San Dionisio del Mar, luego que actos de violencia llevaron este domingo a su cancelación, ¡hasta mañana!
