Las personas con antecedentes como agresoras por violencia familiar, delitos sexuales, delitos de violencia contra las mujeres por razones de género en cualquiera de sus modalidades, o que tengan antecedentes como deudores alimentarios morosos y/o como agresores por el delito de incumplimiento de obligaciones, no deben ocupar cargos públicos, sentenciaron integrantes de grupos feministas.
Yunitzilim Rodríguez Pedraza, integrante del Colectivo Marea Verde, recalcó que es importante impulsar en Quintana Roo y en todo el país, la Ley 3 de 3 contra la Violencia, por lo tanto desde la Red Feminista Quintanarroense, trabajarán para hacerla una realidad en la entidad.
Indicó que esta iniciativa tiene la finalidad de evitar que personas, principalmente hombres, con antecedentes de agresores por violencia familiar, delitos sexuales, delitos de violencia contra las mujeres por razones de género en cualquiera de sus modalidades, no ocupen cargos públicos.
Lo anterior porque las personas agresoras no están en condiciones de accionar para prevenir, combatir y sancionar la violencia que tanto daña a nuestra sociedad, situación aún más delicada tratándose de altos cargos públicos en cuyas manos está la elaboración y modificación del marco legal, la gestión de la administración pública, la persecución de los delitos y la impartición de justicia.
Al ser cuestionada sobre el número de personas probables a tener un cargo púbico y que tienen antecedentes de agresores, Rodríguez Pedraza dijo que no existe un padrón como tal, ya que en muchas ocasiones la víctima no denuncia por temor a represalias y lo tanto, insistió a que es necesario que impulsar la Ley 3 de 3 contra la violencia, para determinar que las personas que ocupen cargos públicos no tengan antecedentes de denuncia, investigación, procesamiento y/o sentencia ejecutoria como deudor de pensión alimenticia; agresor sexual incluyendo el acoso y hostigamiento sexual, y agresor contra las mujeres por razones de género en el ámbito familiar en cualquiera de sus modalidades.
