Una de las inquietudes que con más frecuencia se abordan en los procesos de análisis para el establecimiento de una inversión es la certeza y seguridad jurídica que ofrece el destino objetivo. En ese tenor, resulta fundamental que las instituciones encargadas de generar las condiciones necesarias para el otorgamiento de dicha condición esencial sean conscientes de la importancia de su actuación u omisión en beneficio o detrimento del desarrollo económico en el área que abarca su competencia.
Debido a lo expuesto, considero oportuno abordar la problemática existente derivada de la falta de un Programa de Desarrollo Urbano (PDU) vigente. Ya que cada día que se aplaza la resolución del tema, se detienen o se ahuyentan los proyectos de inversión en la entidad.
En el caso particular de Cancún, la determinación del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo consistente en la suspensión de la publicación del PDU aprobado por el ayuntamiento desde septiembre del 2018, mantiene una preocupante incertidumbre sobre potenciales inversiones que generarían un impacto económico positivo y la creación de nuevas fuentes de empleo.
Un número importante de proyectos inmobiliarios que representan inversiones importantes para el destino y que no forman parte de la cuestión en conflicto, se encuentran detenidos a la espera de la definición del tribunal y la posterior publicación del PDU que regirá esta zona del estado. Por ello, organismos empresariales se han manifestado en favor de una mayor celeridad en ésta y otras definiciones que permitan la certeza legal necesaria para la nueva conformación urbana.
