La decisión del reemplacamiento vehicular no fue bien recibido por la sociedad y, hasta al interior del gobierno hubo críticas hacia la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan), pero los disidentes decidieron guardar silencio sobre el tema por la seguridad de su fuente laboral. Juan Melquiades Vergara, pretendió el pasado lunes hacerse cargo de su responsabilidad política por la decisión tomada pero, de poco vale esto, sino se muestra a la ciudadanía: coherencia política y procedimientos transparentes que demuestren que la actual administración no cae en los errores y “excesos” de las administraciones pasadas.
La decisión de la adjudicación o compra directa a la empresa Blue Ocean Technologies S.A. de C.V. del programa informático para llevar a cabo el reemplacamiento es objetable, da lugar a la presunción de que podría beneficiar a cercanos al poder, ya que excluye de participar a empresas que pueden estar en un plano de igualdad con la elegida. Pero, lo importante, lo trascendente es que, se está saltando etapas y procedimientos en la compra de herramental para el Estado que se llevan a cabo para lograr las mejores condiciones disponibles en cuanto a atributos de los servicios a adquirir. Si existe el procedimiento de la licitación pública, de la invitación a cuando menos tres personas o empresas y, finalmente, el de la Adjudicación directa hay que, proceder de acuerdo a éste planteo.
El artículo 41 de la ley de compras del gobierno de la Federación, establece: “las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa. La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios…”
Los argumentos jurídicos administrativos del secretario y, su “responsabilidad política” para salvaguardar la figura del gobernador, de nada sirven si con la referida contratación directa parecería indicar que el Gobierno no está respetando el espíritu de la ley sancionado oportunamente por el Congreso, para dar transparencia y ejemplos contundentes de combate a la corrupción en materia de compras públicas. Juan Melquiades Vergara declaró que se erogarán $374 millones 050 mil 175 pesos por el programa informático para el nuevo emplacamiento y en base a sus estimaciones el estado recaudará “cerca de 350 millones de pesos si se considera que el 60 por ciento de los propietarios acudan a realizar el proceso de reemplazamiento.”.
