El pasado 26 de junio se conmemoró el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. La tortura por parte de policías y fuerzas armadas es uno de los temas recurrentes respecto a las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. En este problema convergen muchos factores: falta de capacitación de las autoridades, la deficiente infraestructura para la realización de investigaciones científicas y así podríamos enumerar otros más. Sin embargo en este problema subyace un elemento más: la tolerancia ciudadana hacia estas prácticas.
De acuerdo a los resultados del Diagnóstico Nacional de la Percepción de la Población Sobre la Práctica de la Tortura 2016 de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el 39.5% de las personas encuestadas señaló que nunca se justifica torturar a una persona; 42.2% sí justificó la tortura bajo algún supuesto y el 18.3% no supo o no quiso contestar.
En el diagnóstico se concluye textualmente que existe, en general, un rechazo al concepto tortura respecto a su gravedad, incluyendo la importancia de la problemática en nuestro país y la necesidad de que exista un marco jurídico sólido; en lo particular existe un porcentaje significativo que acepta o legitima su utilización como práctica pese a identificar su nivel de gravedad y métodos para ciertos supuestos (especialmente para quienes cometen violación, secuestro, extorsión, robo, traición a la patria y fraude o bien que pertenezcan al narcotráfico), justificando su uso para la consecución de ciertos fines como un instrumento eficaz para la obtención de la verdad, forma de sometimiento o de castigo.
Por otra parte se indica que una tercera parte teme ser sujeto de tortura si es detenido, desapareciendo la barrera entre considerar que solamente a otras personas imputadas les puede ocurrir tal hecho, revirtiendo la reflexión de considerar que cualquier persona puede ser víctima de tortura.
El diagnóstico aporta elementos suficientes para hacer una autoreflexión sobre nuestra responsabilidad en el fortalecimiento de las leyes e instituciones. Que no solo se trata de exigir derechos para nosotros mismos, sino exigir con la misma fuerza que se respeten los derechos de los demás. Parecería obvio, pero hay que señalar que los servidores públicos emanan de la misma población y que por ende, si toleramos prácticas ilegales como estas, lo más probable es que seamos víctimas de ello.
Ciertamente, lo anterior no quiere decir que se traslade la responsabilidad total a la ciudadanía. Pero no se trata de encontrar culpables, si no de entender que las prácticas ilegales son parte de un fenómeno con diversas aristas y que para llegar a una solución es necesario hacer un análisis y preguntarnos qué tanta responsabilidad tenemos en ello, por muy dura que sea la realidad.
