Siempre será un hecho condenable que quienes pretendan hacer respetar un derecho que se asume se haga valer transgrediendo otros derechos y peor aún si esto conlleva la violencia, pretendiendo hacer justicia por cuenta propia.
Quintana Roo es de los pocos estados de la república que frente a una plataforma de servicio de transporte público como Uber ha sido renuente, esto debido a que los sindicatos de taxistas se han pronunciado en impedir que se otorgue concesión alguna. Las leyes se reformaron para impedir este tipo de plataforma. Pero en este tema ¿Quién tiene la razón?
Primero se tiene que dejar en claro que una “placa de taxi” o de “transporte” es una concesión del estado otorgada a un particular. En esta parte cabe hacer mención que los taxistas asumen que es propiedad de un particular o del sindicato y si ahondamos poco más en el tema, podemos ver que un gran número de los beneficiarios de las mismas las venden o rentan lo cual está prohibido.
Después de este breve contexto, tenemos que mencionar que el argumento más escuchado por parte de los taxistas es que se les reduce el ingreso y que no cuentan con las concesiones; los sindicatos mediante la amenaza se asumen rectores de las concesiones, basta recordar que hasta hace un año, el otorgamiento era “discrecional” por parte del Ejecutivo a solicitud del propio sindicato o peor aún sin requisitos ni valoración se otorgaban. Para evitar estas prácticas el gobernador Carlos Joaquín presentó una iniciativa para que sea un consejo quien apruebe o niegue las concesiones.
En cuanto a Uber, es una empresa que tiene su plataforma con facturación y pago de impuestos en la Ciudad de México. Ofrece como atractivo unidades en buen estado, un sistema de tabulador preciso conforme a una georreferenciación y la certeza de quién es el conductor.
La ciudadanía apoya a Uber y los sindicatos ejercen presión. Ahora bien, los sindicatos, ante la competencia comercial, se han enfocado en perseguir a los conductores de Uber, que si bien es cierto no tienen licencia ni autorización, solo la autoridad puede sancionarlos.
Los concesionarios de las placas de taxis argumentan que tampoco pagan un impuesto por esta concesión, cobran a sus agremiados y no reportan esos ingresos, no existe una forma en que un ciudadano común pueda tener acceso al destino de esos recursos. Nunca se han preocupado porque no sean un pago de facturas políticas ni el manejo equitativo del mismo. No es nada nuevo escuchar que “venden” placas por un cuarto de millón de pesos y el destino de ese recurso nunca llega a donde debería que es sin duda el Estado.
Uber debe ser regulado, debe proponer ante el Congreso obtener una concesión, debe darse de alta en el Estado y pagar los impuestos correspondientes. Al día de hoy no hay una propuesta de contribución real.
Por su parte, los taxistas en los últimos meses, no ha hecho una encuesta de satisfacción del servicio, no se han comprometido con la ciudadanía a mejorar sus unidades, a realizar una revisión del padrón, a solicitar se revoquen las autorizaciones arbitrarias que tiene a los verdaderos choferes pagando durante años una renta a un particular que no realizó ninguna erogación por dicha licencia. No han presentado un esquema que garantice la seguridad, siguen con el obsoleto sistema de radio taxi, los usuarios no tenemos la certeza de si el conductor está debidamente registrado, frente a la tecnología y la competencia, solo la barbarie.
Hace poco menos de dos meses, un conductor de Uber al ser perseguido tuvo un accidente perdiendo la vida. Ayer, un taxista fue arrollado y señalan a un conducto de Uber. El sindicato se manifiesta para exigir al gobierno que aplique una sanción ejemplar. Pero ¿y sus propuestas? Como puede exigir una “justicia” cuando ellos mismos han asumido actuar al margen de la ley para sancionar o detener al Uber.
Uber tampoco ha realizado algo más que poner en riesgo tanto a los conductores como a los propietarios, tienen una acción intransigente y por supuesto al estar prohibido el servicio de transporte púbico sin el permiso correspondiente actúan al margen de la ley.
Mientras tanto la ciudadanía es la que paga la factura pues lo que debiera ser el incentivo a mejora como una competencia comercial se convierte en un tema de violencia y división.
Los sindicatos deberían buscar el apoyo del usuario con conciencia y no persecución, entendiendo que existen mercados para todos, pero lo más importante es que se tenga en claro que el servicio público no puede ser secuestrado ni por sindicatos ni por Uber.
En este conflicto falta que el usuario y sociedad en general sea escuchada y que no se permita que nadie, sea quien sea, ejerza justicia por cuenta propia. Pero lo más importante es que en la resolución de que si Uber se va o se queda no existan víctimas, seamos una sociedad civilizada a la altura de la expectativa como destino turístico que demanda la época actual.
