He aquí navegando en las aguas sucias de los Sindicatos de Taxistas en Quintana Roo, la expresión monopólica más ilustrativa de la corrupción desde el poder político de los gobiernos priistas, quienes a través de la repartición discrecional de las concesiones de placas generaron fortunas de familia, han financiado un sin número de campañas político-electorales, igual han pagado con ello favores y negociaciones, desactivado supuestos personajes opositores y pseudos periodistas. De todo en la viña del señor.
La facultad de otorgar concesiones de placas del transporte público estatal del Titular del Ejecutivo en turno en Quintana Roo, la que todo indica desaparecerá con la nueva Ley de Movilidad, durante más de cuatro décadas de gobierno constitucional, junto con el otorgamiento de Notarías Públicas y patentes de alcohol, ipso facto edificó una poderosa fuente de financiamiento y poder político en torno a los ex gobernadores.
Por ejemplo, es un secreto a voces que, con estas tres modalidades de pago, en las administraciones de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, se aseguraron y acumularon terrenos estratégicos en esquinas para rentar y vender para sus instalaciones a las tiendas de conveniencia OXXO y farmacias del Ahorro. Y si usted tiene duda, pregúntele al delincuente de cuello blanco, si lo encuentra, Eliezer Villanueva Lanz.
La primera tempestad que inquietó a priistas beneficiados fue la revisión de la asignación de las Notarías Públicas al final del gobierno de Roberto Borge Angulo, hoy preso en Panamá y en proceso de extradición a México; y ahora, la Iniciativa de la Ley de Movilidad, de la que se derivará un Instituto que regule al transporte público entre otras muchas facultades, tiene convulsionados principalmente a los socios de los Sindicatos de Taxistas (que no al martillo, que siempre ha sido explotado), tras de los que se ocultan los auténticos intereses políticos y económicos.
Verbigracia, el ex líder taxista, ex funcionario público, financiero, socio y prestanombres Felixista, Víctor Víveros Salazar, quien ahora se desgarra las vestiduras protestando en Cancún por la inminente aprobación legal de la inclusión de Uber en Quintana Roo. Mejor que explique a los quintanarroenses el origen de su fortuna, desde su inclusión en posiciones de gobierno, y cuántas placas de taxi tiene.
Con manipuladas movilizaciones en el Estado, los Sindicatos de Socios Taxistas (con sus gremios fracturados por la participación de otros partidos políticos opositores al PRI, y porque los “martillos” ya no quieren ser explotados e incluso ya plantean trabajar en Uber) darán la pelea al Gobierno del Cambio; quien no debe bajar la guardia ante los intereses electorales en juego y pese a las traiciones como la del Director del Transporte de la SINTRA, Alejandro Ramos, quien no sólo filtra información oficial y acordó con los Sindicatos apoyar su causa, sino que en Chetumal hasta redactó la convocatoria para la renovación de la dirigencia sindical del SUCHAA en favor de su actual dirigente, Sergio Cetina Valle.
Por su vocación turística, Quintana Roo requiere de un servicio de taxis seguro y de calidad, con un auténtico manejo empresarial y no contaminado por la política, la corrupción, y la delincuencia organizada.
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