Que si el gobierno de Roberto Borge se excedió, que si abusó, que si reprimió, que si bla, bla, bla…
Esta administración ya no sorprende a nadie con esas noticias. Ha abusado, al grado que son ellos los que están cayendo en el descrédito. La gente ya no quiere más acusaciones, exige hechos concretos: detenciones y encarcelamientos. Basta de amenazar con “ahí viene el lobo”. Ya no.
Para ellos, todo lo que hizo Borge estuvo mal… O más bien casi todo, pues hay algunas excepciones que al gobierno actual le conviene mantenerlas, como fue la ley creada hace unos años para asegurar el monopolio de taxistas.
Claro “¡ahí está el pan!”, seguramente atinaron los perversos actuales que vieron en la detención de los vehículos de Uber una verdadera “mina de oro”.
Y es así que la Sintra ha hecho y deshecho, ha maniatado y hasta agredido a los conductores y usuarios de Uber.
Pero se les olvidan dos puntos: ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, y esta aclara que cualquier persona en territorio nacional puede transitar libremente, y el segundo: los inspectores de Uber no son policías, no tienen facultades para detener, someter y llevarse vehículos.
Y aunque el director de Transporte de Sintra, Alejandro Ramos, lo niegue, en realidad sí hay persecución, acoso y en algunos casos golpizas, que se han documentado.
Este funcionario reprueba que los taxistas “se tomen la ley por su propia mano”, porque no son autoridad, pero debe saber que los inspectores de Sintra tampoco son policías, y que deben llamar a los agentes cuando se viola la ley.
Son ellos, los gobernantes, quienes rebasan la ley, en un hecho por el cual han obtenido más de 100 millones de pesos libres de polvo y paja… Y lo mejor, sin necesidad de reportarlo a nadie.
