Claudia Sheinbaum será la candidata de Morena a gobernar la Ciudad de México y, de ganar, lo que a estas alturas parece altamente probable, se convertiría en una figura creciente en el escenario del joven partido. El método utilizado para procesar esta decisión cupular resultó opaco y muy polémico, con el control digital colocado en una sola mano, pero el resultado político mantiene la supremacía política de Andrés Manuel López Obrador, deja en el camino a un aliado histórico, el zacatecano Ricardo Monreal, y abre la puerta a un relevo generacional que incluirá a Andrés López Beltrán, hijo del máximo jefe de Morena, y a la propia Sheinbaum en la definición de relevos parciales, escalonados y controlados, en el partido y en la siguiente candidatura presidencial, la de 2024.
El desenlace a nadie habría de sorprender, pues la jefa delegacional en Tlalpan fue considerada invariablemente como la carta preferida por Andrés Manuel López Obrador y, en esa tesitura, su campaña interna contó con el beneplácito y apoyo del grupo más cercano al tabasqueño, incluyendo al mencionado López Beltrán, llamado Andy, quien se ha encargado informalmente de coordinar las tareas políticas de Morena en la capital del país.
La suerte política de Ricardo Monreal está por verse, pues forcejeó con el tabasqueño y ayer, antes de que se comenzaran a filtrar las versiones de que Sheinbaum era la designada, dijo estar librando la más dura de sus batallas políticas y, según la versión difundida en el portal de un diario nacional, ésta batalla sería contra “la nomenclatura”.
El riesgo de que el exgobernador de Zacatecas migre hacia otro espectro (PAN, PRD y otros partidos parecían dispuestos a ofrecerle una candidatura capitalina en el contexto del Frente Amplio Opositor) fue conjurado verbalmente por el propio Monreal, al asegurar que había dicho que aceptaría los resultados, que cumpliría su palabra y que seguiría participando en el proyecto lopezobradorista. Aunque, ayer mismo, se deslizó la palabra “receso”, como una especie de protesta silenciosa que podría mantener el actual jefe delegacional en Cuauhtémoc.
Martí Batres, por su parte, podría ser candidato seguro al Senado, en una operación de cierre de filas morenistas que incluirá al representante del ebrardismo, Mario Delgado, quien va abriendo camino al presunto retorno al país del exjefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, para integrarse a la campaña de AMLO, encargado en especial del diseño de planes de seguridad pública.
Las primeras palabras mayores en Morena respecto al 2018, más allá de la sabida candidatura indiscutida de AMLO para la Presidencia de la República, tendrán reproducción en las encuestas correspondientes a las “coordinaciones” que serán candidaturas a jefaturas delegacionales y a diputaciones federales y locales en la Ciudad de México.
Haiga sido como haiga sido, Morena ha dado un primer golpe propagandístico y político frente a sus opositores que parecen borrados del mapa, dedicados a tareas políticas rutinarias, mientras les comen el mandado. Lo peor, para PAN, PRD y PRI, es que ni siquiera cuentan con figuras relevantes para competir por la jefatura de gobierno. A menos que logren enrolar a personajes “independientes” o puedan provocar alguna forma de escisión en las filas morenistas.
La rauda ligereza dictaminadora de un subsecretario de gobernación confirmó el talante elusivo de responsabilidades y la vocación por criminalizar a las víctimas que ha caracterizado al gobierno federal respecto a la imparable ejecución de periodistas en el país: apenas a unas horas de que había sido asesinado Cándido Ríos, periodista colaborador del Diario de Acayucan, en Veracruz, ya estaba Roberto Campa Cifrián, encargado de derechos humanos en Bucareli, extendiendo un certificado de defunción por amistades peligrosas al reportero caído y decretando que su muerte no tenía relación con el ejercicio informativo.
Cándido Ríos, sin embargo, había sido constantemente amenazado de muerte por Gaspar Gómez Jiménez, expresidente del municipio de Hueyapan de Ocampo. Por esas y otras amenazas, y por agresiones físicas consumadas en su contra, el caso de Cándido, apodado Pabuche, era conocido por organismos veracruzanos y federales dedicados a la protección de periodistas.
Tan solo por esos datos de contexto, Campa Cifrián debió abstenerse de emitir opiniones tan atrevidas como carentes, al menos hasta este momento, de fundamentos reales. Ríos fue ejecutado, según testigos, luego de salir de un cibercafé, donde había escrito y enviado sus notas al diario en el que llevaba diez años colaborando. Ya en la calle, se encontró a dos amigos o conocidos, que tuvieron actividades policiacas o presumiblemente estarían metidos en negocios oscuros, por lo cual el subsecretario de Gobernación dictaminó que era a ellos, también asesinados, a quienes iba dirigido el ataque, y no al periodista ni, desde luego, a su desempeño como tal.
La nueva ejecución provocó protestas de periodistas en Veracruz, en la capital del país y en otras ciudades. Cada vez hay más causas que movilizan a un gremio con poca vocación unitaria y de protesta organizada. Ya se han cumplido, por ejemplo, cien días del asesinato cometido contra el sinaloense Javier Valdez Cárdenas y cinco meses de la ejecución de Miroslava Breach, en Chihuahua. Impunidad al cien por ciento.
En el caso de Veracruz, de nada ha servido el cambio de siglas y nombres en esa entidad, donde Javier Duarte de Ochoa se convirtió en campeón de los crímenes contra periodistas, líderes sociales, opositores y activistas, y donde ahora Miguel Ángel Yunes mantiene una situación similar: predominio de las bandas del crimen organizado, virtual inexistencia del gobierno como protector de los intereses de la sociedad, y pandillas políticas embebidas en el enriquecimiento particular, en las próximas elecciones y en el aprovisionamiento económico, al costo que sea y proveniente de donde sea. ¡Hasta el próximo lunes!
