Esta semana se conmemoró el aniversario número 196 de la consumación de la Independencia. Esta fue una fecha que para muchos pasó desapercibida ya que usualmente solemos únicamente referirnos a la fiesta del inicio. Sin embargo, es una buena ocasión para recordar que en teoría deberíamos ser un pueblo libre desde hace casi dos siglos, aunque a veces se nos olvida.
Como ciudadanos vamos cediendo poco a poco, por comodidad o por apatía a nuestros derechos hasta cansados explotamos tal cual olla de presión y este impulso genera por lo general cambios. Tal como sucedió en Quintana Roo el 5 de junio del 2016, la ciudadanía (al menos la mayoría) acudió a las urnas para exigir al sistema un cambio de régimen y una libertad que se nos había negado.
Durante casi 18 años una red de corrupción trascendió durante los sexenios de Joaquín Hendricks, Félix González y Roberto Borge. En esos años los que se beneficiaron el día de hoy se siguen echando culpas debatiendo quién fue más corrupto que otro. El título es muy competido sin embargo, una cosa queda clara, fue consentida y continuada mediante acuerdos bilaterales entre los amos de la corrupción.
Digo esto porque también en septiembre celebramos los quintanarroenses nuestra independencia estatal. Porque bajo el régimen que se tenía hasta el 24 de septiembre de 2016, vivíamos en una dictadura disfrazada, una dictadura que acabó con los recursos financieros y naturales.
Vale la pena recordar que es lo que combatimos mediante el sufragio. Teníamos una ausencia de libertad de expresión, no bastaba ser periodista para ser perseguido sino que también los ciudadanos no podíamos expresar libremente nuestras ideas ni en redes sociales, ni en cafés, ni en reuniones, porque de inmediato le informaban al “jefe” en turno y bastaba esto para que la “jauría” del Estado implementará medidas correctivas tales como despidos si se era trabajador de gobierno, inspecciones y supervisiones si se tenía negocio, manipulación de los trámites si se era parte de la iniciativa privada. De estas y muchas otras formas se buscaba acabar con las voces disidentes.
Vivíamos en un Estado que era señalado como el número uno en el índice de corrupción aunado como consecuencia lógica a la impunidad. Los tres poderes del Estado estaban comandados por uno solo: el Ejecutivo.
Era el estado con mayor deuda per cápita en el país la cual en 2009 paso del 2% del PIB estatal al 5.3% en 2010 y en 2014 al 8.6% sin que sepamos en qué se gastó, bueno a ciencia cierta no, pero tenemos una idea por las denuncias que se han presentado por parte de la Secretaría de la Contraloría que se fue a las pocas manos de los funcionarios en turno y sus prestanombres.
Se derrocó un sistema opaco y gris, éramos el último estado en materia de transparencia y en menos de un año estamos en los primeros sitios en el tercero para ser exactos, pero no es solo un indicador, la transparencia nos permite conocer cuánto dinero tiene el gobierno cómo y en qué se gasta.
Quintana Roo es reconocido a nivel internacional por sus bellezas naturales y también, tristemente, fue conocido por la insensibilidad y falta de responsabilidad de los gobiernos que autorizaban proyectos como Tajamar y Dragón Mark.
Nos robaron nuestras reservas “vendieron” a precios de regalo el patrimonio de la Universidad de Quintana Roo sin que nadie se oponga (con la anuencia claro de sus respectivos rectores), vendieron las instalaciones de las villas juveniles, es más hasta vendieron edificios públicos para después rentar inmuebles más costosos a los amigos.
Teníamos un régimen en donde la declaración patrimonial de los funcionarios era a todas luces con enorme discrepancia en el ingreso a costa del robo o jurídicamente correcto del peculado que no es otra cosa que disponer del dinero del Estado para uso particular.
Esta fecha histórica no sólo nos sirve para poner en la balanza como estábamos, sino a dónde vamos. Pero la libertad también implica responsabilidad. La responsabilidad no es solo un tema del gobierno sino de una ciudadanía.
Tenemos las herramientas, tenemos la transparencia tenemos el informe de gobierno y no debemos quedarnos sólo en el mensaje sino analizar con objetividad el documento que se presentó al Congreso y que gracias a las herramientas tecnológicas podemos acceder a él.
La libertad de expresión también implica responsabilidad en la información que se divulga el mismo daño causa la represión que la difusión de noticias falsas.
Celebremos la independencia con el ejercicio responsable y ciudadano de la libertad. Si tenemos libertad pero sin información somos presa fácil de la manipulación, a un pueblo que conoce sus derechos y cumple sus obligaciones no es sencillo doblegar. Sin duda estamos mucho mejor que hace un año, pero ese argumento no basta para resarcir todo el daño que ya se ha generado. Respecto de quienes se abusaron de esta tierra es clara la consigna: ni perdón ni olvido, solamente justicia.
