Es innegable que ante la complejidad del combate al narcotráfico, las fuerzas castrenses, como el Ejército y la Armada, han desempeñado un papel primordial en esa lucha que lleva ya diez años, supliendo una tarea de seguridad pública que en teoría debería de corresponder a autoridades locales, estatales y de otros ámbitos federales; suponiendo un cambio de paradigma de las fuerzas castrenses, pues su tarea ya no se circunscribe en la defensa de nuestro país por amenazas externas, sino internas como el crimen organizado.
No obstante esa asignación ha generado actuaciones violatorias de derechos humanos. Baste ver el Informe 2016 de la Comisión nacional de los derechos humanos, en el que se puede evidenciar las 12 recomendaciones a la SEDENA y SEMAR por detenciones arbitrarias, cateos ilegales, violencia sexual, tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria.
En este contexto se discuten las iniciativas sobre una Ley de Seguridad Interior, presentadas ante la Cámara de Diputados a fines del año pasado, que básicamente busca la certeza jurídica para el Ejército, Armado y Fuerza Área para actuar frente a fenómenos que impacten a la Seguridad Interior.
Recientemente diversas organizaciones y la academia expresaron en el Foro “Seguridad Interior, Seguridad Pública y Derechos Humanos: Análisis de las Iniciativas de Ley de Seguridad Interior”, algunos de los puntos que preocupan en torno a dicha iniciativa son: la falta de claridad y precisión de la delimitación conceptual y constitucional de seguridad interior; la limitación de derechos, tales como la protesta social, la libertad de expresión o la libertad de tránsito; evitar que las Fuerzas Armadas participen en la prevención e investigación de los delitos, y no asumir el carácter permanente de tareas vinculadas con la seguridad de las personas, entre otras.
Lo cierto es, que la ley en nada cambiará la realidad que ha puesto en la mira a México a nivel internacional, por las claras violaciones a los derechos humanos. Recordemos que las víctimas de la lucha contra el narcotráfico no solo se refieren a las garantías judiciales de los indiciados, sino también de personas inocentes o quienes han acaecido en el fuego cruzado.
Hace falta también que ante la complejidad de la violencia del crimen organizado como producto del narcotráfico, las acciones no solo se deben de acotar a responsabilidades de las fuerzas armadas, sino también de encontrar soluciones para fortalecer las corporaciones de la seguridad pública y más allá de eso, ver el problema del narcotráfico en su justa dimensión económica y social.
