La Iglesia lo sabe:
Las y los misioneros católicos en las comunidades mayas han sido testigos del elevadísimo número de violaciones a las hijas, desde pequeñas, por parte de sus padres, abuelos y hermanos; es decir, dentro del seno de esas familias a las que la grey considera “sagradas” porque se ajustan al “diseño original”.
El sistema educativo lo sabe:
Maestras y maestros en escuelas conurbadas han reportado casos de abusos y violaciones que abarcan, en algunos salones, más del 70 por ciento de la población femenil, principalmente en primarias y secundarias.
Las autoridades de Salud lo saben:
En dispensarios y clínicas se atienden frecuentemente a niñas y jovencitas que han sido obligadas por hombres de su familia a sostener relaciones sexuales. Algunos médicos atribuyen a esta especie de esclavitud sexual, el alto porcentaje de niños que nacen con diversos síndromes en comunidades mayas y suburbanas.
Los ministerios públicos y jueces lo saben:
Solidaridad ocupa el primer lugar a nivel nacional en violaciones; Othón P. Blanco, el segundo, y Cancún, el cuarto. Las denuncias son, en un porcentaje considerable, contra miembros de la propia familia.
La misma familia lo sabe:
Es frecuente que las madres de esas niñas y jovencitas se nieguen a respaldar las denuncias; hay casos en los que, incluso, defienden al padre, abuelo o hijo violador; acusan a la víctima y amenazan a maestros, médicos y ministerios públicos que pretenden proteger u ofrecer justicia a sus hijas.
Todo por la familia, por “la institución divina creada por Dios” que defienden, así tal cual, miles de feligreses guiados por sacerdotes, pastores y ultra conservadores.
