CHETUMAL.- El presidente de la Comisión de Justicia de la Decimoquinta Legislatura, Carlos Mario Villanueva Tenorio, afirmó que se continúa revirtiendo el llamado “paquete de impunidad” impulsado por el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo y aprobado por los diputados de la legislatura anterior, en materia de combate a la corrupción y al procedimiento para la designación del Fiscal General del Estado.
Luego de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera las acciones de inconstitucionalidad 57/2016 y 64/2016 presentadas por la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de diversas disposiciones emitidas por la legislatura anterior.
Villanueva Tenorio, recordó que la PGR advirtió que las reformas cuestionadas inciden en el Sistema Nacional Anticorrupción, específicamente, en lo concerniente a la estructura y competencia del Tribunal de Justicia Administrativa local; además, no otorgaban certidumbre sobre que legislación debe aplicarse ante un caso de ausencia definitiva.
La PGR refirió que el artículo 96 de la Constitución de Quintana Roo, al regular el procedimiento para nombrar al Fiscal General del Estado, provocaba incertidumbre jurídica, debido a que no preveía alguna hipótesis para el supuesto de que el Gobernador de la entidad no recibiera el listado de diez candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado.
Villanueva Tenorio, explicó que de acuerdo a la sentencia del Pleno de la SCJN, los diputados de la Decimocuarta Legislatura habían aprobado de manera deficiente el procedimiento de designación del titular de la Fiscalía, pero con las reformas que ya se realizaron por la Decimoquinta Legislatura “el titular de la Fiscalía General del Estado, ahora puede ser removido no solo a petición del Gobernador de la entidad, sino por voluntad directa del Congreso del Estado”, precisó.
La Decimoquinta Legislatura mediante el decreto 007 publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 28 de octubre de 2016, expidió las reformas, derogaciones y adiciones a la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, respecto a la Ley de Fiscalía General del Estado.
En este decreto se establece: derogar en el texto constitucional todo lo concerniente a la Contraloría Interna de la Fiscalía; además de agregar un artículo tercero transitorio que contempla la facultad del Fiscal General del Estado para para emitir el acuerdo administrativo que cree el Órgano de Control y Evaluación Interna.
También se contempla en el decreto 007, el procedimiento de designación y remoción del Fiscal General del Estado, y la designación del Fiscal General del Estado interino, a cargo del Ejecutivo del Estado, para el caso éste no reciba por parte del Congreso del Estado, la lista de candidatos en el plazo de veinte días.
Con todo lo anterior, “se enriquece el procedimiento de designación y remoción del titular de la Fiscalía General del Estado, previéndose aquellos supuestos establecidos en el artículo 102 de la Constitución”, concluyó Villanueva Tenorio. (Fuente: Congreso del Estado)
