En lo que prácticamente significa una confesión pública y concreta de irresponsabilidad criminal compartida, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que se construirá un “nuevo viaducto”, con 48 metros de longitud y una sección transversal de 36 metros, en el tramo del Paso Exprés de Cuernavaca en el que se produjeron un socavón, dos muertes y múltiples daños materiales a la población.
El costo de la nueva obra estará a cargo del consorcio de firmas particulares que realizó la construcción original, mediante mecanismos que combinan “la aplicación de las fianzas de anticipo y cumplimiento, así como la utilización de un seguro de daños a terceros”, según ha comunicado la SCT (aunque nunca se puede tener la seguridad de que esa secretaría, siempre al servicio de los intereses empresariales, no encuentre imaginativas vías para compensar más adelante a las firmas ahora “afectadas”).
El comunicado de prensa que emitió la secretaría a cargo del Gran Recaudador, Gerardo Ruiz Esparza, es todo un cántico a la desfachatez. En sus sumarios establece, en una tácita aceptación de que no se había cumplido con lo que ahora se anuncia como logros a alcanzar: “Con esta obra se garantizará el afluente hidráulico de la zona. Su construcción también garantizará la seguridad de pobladores y usuarios, así como el buen funcionamiento de este tramo”.
Una medida de paliación como la anunciada, debería llevar como acompañamiento obligatorio la renuncia de los principales funcionarios involucrados en un fracaso de esa magnitud y, por parte del gobierno federal, de la apertura de investigaciones de índole penal y administrativa para fincar responsabilidades y castigos. Pero, en México, basta con anunciar “nuevas obras” y desplegar retórica de autocomplacencia para entrar de lleno a la autopista de la desmemoria, con el redituable tráfico de intereses, reinstalado a plenitud, en las carreteras de la gran corrupción.
A propósito, un lector envía más datos sobre la conexión hidalguense con la corrupción en el Centro Morelos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: ya se ha dicho aquí que el actual subsecretario federal del medio ambiente Cuauhtémoc Ochoa, fue secretario en dos carteras en el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong en Hidalgo y que ha sido impulsor de José Luis Alarcón Ezeta, quien fue delegado de SCT en Morelos y desatendió las denuncias relacionadas con el socavón. Pero, además: “el papá de Cuauhtémoc Ochoa trabajó en Pemex muchos años; el padrino de Cuauhtémoc les consiguió unos contratos con Pemex por allá de 1996, en Cadereyta, para la reconfiguración de la refinería. Esos contratos con Foster Wheeler fueron muy amañados, y les permitieron que de 1996 a 1998 construyeran tres verificentros, en los cuales José Luis Alarcón es o fue socio en alguna parte pequeña.
“En el 97, más o menos, el suegro de Cuauhtémoc, subdirector de generación en CFE (cuando Ruiz Esparza era director de administración de la Comisión Federal de Electricidad), les dio la oportunidad de participar en licitaciones dando apertura a trabajar también en CFE con la empresa Supervisión y Dirección de Proyectos S.A. de C.V. en la que José Luis es o fue socio”.
Otro lector demanda no dejar de lado la corresponsabilidad, en el tema del socavón de Cuernavaca, del actual subsecretario de infraestructura, Óscar Callejo Silva, “ya que en su anterior cargo, como Director General de Carreteras Federales dentro de la misma SCT, fue quien lideró la revisión y aprobación de los proyectos, así como la adjudicación de la obra al grupo de empresas representadas por la empresa Española Aldesem; así mismo, él adjudicó el contrato de supervisión, todo bajo los mismos intereses. Lo de Cuernavaca tuvo relevancia por su cercanía con la Ciudad de México y el número de usuarios capitalinos, pero hay que voltear la vista a otros lugares, por ejemplo, a la ‘obra del sexenio’, la autopista Durango-Mazatlán, que no tiene ni dos años de inaugurada y ya se están cayendo los túneles y la carretera está toda deteriorada, por lo cual la SCT sigue metiéndole dinero, para tratar de cubrir todos los vicios ya no tan ocultos”.
Con un telón mundial de fondo, Enrique Peña Nieto reconoció que en México se viven momentos convulsos, complejos y difíciles, tal vez “los peores” de la historia. Sería impreciso el pretender atribuirle a esas palabras una carga razonada de autocrítica o algún anuncio o intento de giro correctivo de la política federal (en todo caso, se habían dado en seguimiento de lo dicho antes por el gobernador panista de la atribulada Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis). En realidad, el ocupante de Los Pinos colocó los problemas mexicanos en el contexto de lo que sucede en el orbe entero e insistió en la importancia y éxito de las medidas que su administración ha tomado.
Respecto a la súbita “rebeldía” de Ivonne Ortega, una lectora escribe desde la península: “lo menos que podríamos decir de ella, como gobernadora de Yucatán, es frivolidad; desde el inicio de su mandato se entregó a Televisa, siguiendo el ejemplo de EPN. Tenía un Secretario de Protocolo y Logística y su gran amigo era su colega Humberto Moreira. Su única obra visible es el Gran Museo Maya de Mérida, pero pocos saben que es un proyecto público-privado a cargo de Hank Rhon y su banco Interacciones. Dejó hospitales a medio terminar y un Centro Científico, de los cuales puso las primeras piedras”.
Astillas: el viernes recién pasado hubo un enfrentamiento con armas de fuego en el municipio de San Martín de las Pirámides, Estado de México, con un saldo de tres lesionados. El fondo del problema es la oposición de comuneros a la explotación de los cerros, para llevar material a la construcción del nuevo aeropuerto internacional… Desde Sinaloa, en el recuento de la corrupción y las malas obras públicas, recuerdan que “el tiburonario de Mazatlán duró 38 días y transparencia lo guardara cinco años; igual el parque temático de Culiacán, que costó 300 millones y cerró en tres meses”… ¡hasta mañana!
