CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó vincular a proceso a Roberto Borge, y aunque los delitos que se le imputan no son graves, podría permanecer en prisión debido al riesgo de fuga. Pese a esto, durante la audiencia, el acusado se reservó su derecho a declarar.
Borge fue acusado de ser responsable de idear y ejecutar un plan para la enajenación y adquisición ilícita de los predios que comprenden miles de metros cuadrados en zona de atractivo turístico.
Debido a ello, está acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la PGR, y enfrenta otras tres causas por parte de la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, por delitos de abuso de autoridad, tipificados como aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública.
Sobre estas últimas, la defensa del ex gobernador tramitó un amparo en contra de su aprehensión, para ello, el juez de distrito fijó una fianza de 85 millones de pesos, que hasta el momento no ha sido cubierta, por lo que permanecen vigentes las órdenes de captura giradas por jueces de control quintanarroenses.
Los fiscales adscritos a la subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, añadieron que el ex mandatario, junto con dos funcionarias de su administración, concretaron acciones para ocultar o pretender ocultar dichas propiedades, a sabiendas de que fueron adquiridas con recursos de procedencia ilícita a través de empresas fachada, que eran representadas por personas cercanas al ex gobernador.
Las funcionarias implicadas son Claudia Romanillos Villanueva, ex titular del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), y Soraya Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del IPAE, ambas nombradas por el ex goberador
VENTA ILEGAL DE PREDIOS
Los predios se encuentran en Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Othón P. Blanco, Chetumal, Tulum, Bacalar, Cozumel e Isla Mujeres.
El fiscal añadió que la participación de Borge no fue de propia mano, sino en calidad de coautor, a través de dichos nombramientos y la permisibilidad para que personas cercanas a él tuvieran acceso a estas propiedades.
Solo en tres de los 22 predios, se tiene certeza de que se intentó ocultar la operación con el IPAE. Dos de los terrenos fueron vendidos a César Celso González Hermosillo, presunto prestanombres de Borge y quién fungía como representante de algunas de las empresas que hicieron las transacciones.
El tercer terreno fue adquirido en diciembre de 2013 por María Rosa Ángulo Castilla, madre del ex gobernador. Cuenta con casi 600 metros de playa. Está ubicado en la reserva territorial Punta Francesa.
El IPAE vendió a 137.5 pesos el metro cuadrado, cuando el valor comercial es de 200 dólares. El pago total fue por 15 millones 367 mil 523 pesos y 88 centavos.
Angulo Castilla y el IPAE convinieron que para escriturar el inmueble se pagaría 10% del valor total, es decir, un millón 536 mil pesos. Para el 6 de noviembre de 2014 los importes quedaron saldados.
Cinco meses después, Angulo Castilla cedió su terreno costero a la empresa Siyenat del Caribe, representada por Celso González.
AGENCIAS/ QUINTANA ROO
