Julián Puente
QUINTANA ROO HOY
Mantiene Quintana Roo calificaciones reprobatorias en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.
El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Pedro Mercader Rodríguez, informó que se logró aumentar 1.8 puntos en la calificación de la supervisión de las cárceles de Quintana Roo, aunque indicó que pese al avance, los reclusorios siguen estando reprobados.
Los resultados del 2015 dieron una calificación reprobatoria de 4.38 de 10 para las cárceles de Benito Juárez y Solidaridad, mientras que la de Chetumal obtuvo 4.53.
“Si bien no se reflejó un incremento sustancial en la calificación que nos permitiera aprobar los centros penitenciario pero si refleja una mejora porque estábamos muy mal y ahora estamos menos mal, no es paliativo y si manifesté al presidente de la Comisión de Derecho Humanos del Estado de Quintana Roo que nos hizo llegar le diagnóstico y que es el contacto con la comisión nacional que teníamos duda sobre los parámetros calificados”.
Sin embargo el Secretario de Seguridad Pública Juan Pedro Mercader Rodríguez, negó que en las cárceles de Quintana Roo exista autogobierno.
Pese a la afirmación anterior la Comisión Nacional de Derechos Humanos puntualiza que existe autogobierno en las tres cárceles que se visitaron (Cancún, Chetumal y playa del Carmen). Según este organismo, a nivel nacional existe autogobierno en el 60% de las cárceles y Quintana Roo figura como uno de los estados con mayores problemas.
Los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 realizado por La Comisión Nacional de Derechos Humanos, también revela que en Quintana Roo presenta deficiencias en las condiciones de gobernabilidad de las cárceles al no contar con una normatividad que rige al Centro (reglamento, procedimientos y difusión de los mismos), mantener insuficiencia de personal y deficiencias en el proceso para la imposición de las sanciones disciplinarias. Al igual de haber actividades ilícitas, como Cobros (extorsión y sobornos) por supuestos servicios y artículos.
El autogobierno en el sistema penitenciario es un fenómeno alarmante en el país y evidencia que bandas delictivas altamente organizadas le disputan al estado, muchas veces con éxito, el manejo de las cárceles. Prueba de ello son las celdas con lujos, preferencias de visitas y otras accesibilidades.
En Quintana Roo recientemente se creó el consejo interdisciplinario conformado por profesionistas y especialistas del medio para cumplir parte de las recomendaciones y para contar con una herramienta para mejorar los temas de reinserción social.
Y es que las prisiones de Nayarit, Guerrero y Quintana Roo obtuvieron las calificaciones más bajas en una revisión sobre las cárceles estatales elaborada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), respecto a fallas como sobrepoblación, riñas, e insuficiencia de personal.
Los cinco rubros que midió la CNDH son: aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno; aspectos que garantizan una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; reinserción social del interno, y grupos de internos con requerimientos específicos. El caso más grave de sobre población se registra en el Centro de Reinserción Social de Cancún, donde habitan alrededor de dos mil reclusos, cuando la capacidad es para 700 internos, es decir, el exceso es de casi el 200 por ciento. La sobrepoblación de los penales en Quintana Roo representa un riesgo para los internos, sobre todo, de aquellos resguardados en la cárcel pública de Cancún y es considerada como una “bomba de tiempo”.
Las tres prisiones están en foco rojo por no garantizar la integridad física de los internos, no ser dignos para los presos, falta de gobernabilidad, no se enfocan en la reinserción social entre otras deficiencias que presentan desde hace varios años. En el documento se reporta que algunos internos cobran a sus compañeros hasta 15 pesos semanales por comida, 20 por el uso de las áreas de visitas conyugales; de 100 a 260 pesos semanales por usar las camas. También 2 pesos por litro de agua ante el desabasto de líquido para la población y hasta multas de 100 a 500 pesos por desobedecer el autogobierno de ese centro o por participar en riñas.
Certeza jurídica
De la Redacción
QUINTANA ROO HOY
El presidente del Colegio de Abogados Postulantes en Cancún, Carlos Grajales, dijo que con la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia penal se espera una mejora en la impartición de justicia, dado que habrá una mayor certeza jurídica y una mayor apertura durante el proceso del juicio y reparación del daño.
Mencionó que, lamentablemente con la aplicación de esta disposición legal no terminarán con los rezagos que se tienen en los procesos actuales, en virtud de que esto no aplica de manera retroactiva; es decir, los asuntos en cursos serán tratados a través del sistema antiguo.
“De que se tendrá un beneficio en la impartición de justicia a partir que entre en vigor la reforma, de eso no hay la menor duda, pero todo dependerá de quiénes apliquen estos nuevos lineamientos, pues la impunidad y corrupción no es cuestión de tema penal, sino de quién las ejerce, pues el sistema en si no falla, el sistema ha sido probado en varios estados y ha dado resultados”.
Mencionó que, el que haya una mayor apertura en la negociación durante los procesos y que se dé entrada a los juicios orales da una mayor transparencia y permitirá que se acorten los tiempos en la impartición de justicia.
Por su parte, el abogado Alejandro Betancourt, argumentó que al entrar en vigor la disposición legal en Quintana Roo, la cual será efectiva en Cancún el 30 de abril, se abre la posibilidad de una mejora sustancial en la impartición de justicia, la cual sin duda alguna será de gran beneficio para el bien de la ciudadanía
“La modernización del sistema judicial nos ha alcanzado, esperamos que eso sea para bien de toda la ciudadanía, por lo que respecta a la procuración de justicia he podido observar que ha habido un gran avance en cuanto a capacitación; seguro habrá algunos errores normales, que se irán subsanado en el camino”.
Recalcó que, es normal que al aplicarse una nueva disposición se tengan errores, los cuales “deseamos” que no afecte la impartición de justicia y que se agilicen los trámites para la atención a la ciudadanía.
