Una verdadera rebelión se vivió el día de ayer con los taxistas, quienes, aunque fue pacíficamente se movilizaron contra la Ley de Movilidad que incluye, entre otras cosas, la posibilidad de la entrada de Uber a Quintana Roo, pero de manera regulada.
Fueron unos 300 operadores del sindicato “Andrés Quintana Roo”, de Benito Juárez, los que se apostaron sobre la avenida Huayacán en señal de protesta; una cantidad similar se fue al Congreso del Estado, donde lanzaron consignas contra la aplicación.
Pero a pesar de toda la movilización de los taxistas el Congreso de Quintana Roo aclaró que aún no hay “luz verde” para Uber… ni ninguna otra plataforma digital. Que lo que se aprobó en la sesión de ayer fue la entrada de la iniciativa del diputado Fernando Zelaya y otros nueve legisladores, para regular a estas plataformas y otro tipo de transportes en la nueva Ley de Movilidad del estado.
La iniciativa fue recibida este miércoles y será sometida a análisis y, si procede, sería aprobada. Pero aún no hay fecha perentoria para ello; por lo tanto, ni Uber puede aún echar las campanas al vuelo, ni los sindicatos de taxistas pueden suponerse derrotados desde ahora.
La bola sigue en manos del Congreso y la última palabra todavía no se ha dicho. Pero ¿qué es lo que contiene esta ley de movilidad? En ella se autoriza la creación del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, organismo responsable de la coordinación y el diseño prioritario de políticas y acciones en materia de movilidad.
En congruencia a lo anterior, se propone un diseño que permita la incidencia del mismo en el desarrollo de las actividades de la Administración Pública, la especialización permanente en la materia, la formulación de capacitaciones, el estudio de impactos, externalidades y factores que puedan incidir en las colectividades.
Se regula también el funcionamiento del transporte prestado a partir de plataformas digitales, en cumplimiento de los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es lo que deja abierta la puerta a una posible regularización de Uber.
Cabe destacar que las concesiones, que dará el gobierno del estado, no serán mayores a 10 años, y anualmente deberá hacerse una renovación de las mismas.
Con estas regulaciones se pretende evitar la competencia desleal y adecuarse a las nuevas aplicaciones, como en su momento ocurrió con Airbnb, aplicación para el hospedaje que fue muy criticada por los hoteleros, pero que terminó por firmar un convenio con el gobierno del estado mediante el cual se especifica que pagarán impuestos como los centros de hospedaje establecidos.
Como se ve, no se trata de impedir la libre competencia sino de regularla y de buscar lo mejor para el usuario, que así podrá elegir qué producto le conviene más.
