Una tragedia de facetas múltiples, de las cuales una ha sido la del sismo en la Ciudad de México y en estados cercanos a ella, no dejará indemne el aparato político, también agrietado y en riesgo de colapso.
La solidaridad desbordante de la sociedad civil significa una toma de conciencia, con diversos grados y matices pero, a fin de cuentas, un posicionamiento crítico frente a la realidad. Las fuerzas multiplicadas de las comunidades han sido proporcionales a la percepción de que los gobiernos no pueden, solo por ellos, enfrentar un problema de la magnitud vista, pero no sólo por el tamaño de lo sucedido, sino por taras y vicios acumulados a lo largo de una apatía ciudadana generalizada y de una solidificación paralizante de los aparatos de poder.
Una primera lectura ha avanzado con rapidez, en medio de la movilización social: reducir el gasto electoral destinado para 2018 y destinar esos ahorros a la reconstrucción nacional. Sobran razones para que esa idea prenda: los partidos, su funcionamiento cotidiano y sus campañas cíclicas significan una altísima erogación que, en términos generales, no reporta proporcionales beneficios a la población sino, en la inmensa mayoría de los casos, el enriquecimiento de camarillas partidistas y la producción de “representantes populares” y gobernantes absolutamente alejados del interés popular.
Además, se destinan partidas exorbitantes de los presupuestos públicos, estatales y federal, para el funcionamiento de los aparatos de organización (INE) y de validación (TEPJF) de esos comicios, cuyos directivos constituyen una irritante casta dorada.
Para cerrar el círculo específico del castigo al gasto electoral, los consejeros y magistrados de INE y TEPJF deberían renunciar a la mitad de sus percepciones y privilegios, y reducido en igual proporción el presupuesto operativo para el año entrante. Otra consecuencia obligada sería que el resto de la clase política (presidencia de la república y gabinete, gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores, así como funcionarios del poder judicial) se aplicara restricciones similares.
Pero, centrar el descontento popular en lo electoral puede resultar meramente efectista (como la idea simple de que reducir el número de diputados o senadores puede significar un avance más allá de lo pecuniario). De entrada, sería sumamente difícil convertir en realidad la petición de constreñir las erogaciones por razones electorales (no solo de partidos y campañas, ha de insistirse). El problema no son las elecciones en sí, sus costos mayores o menores (reconociendo la importancia de que ese gasto faraónico sea frenado): lo esencial es la manera de financiar los comicios y el resultado de esos ciclos en cuanto a construcción de los poderes representativos.
Podrían los partidos, desde luego, ser empujados a que cedan la mitad de sus presupuestos de campaña de 2018 a la tesorería de la federación para que ella decida qué hacer con esos fondos, sin que los partidos los usen para proselitismo disfrazado, pero México necesita una reforma electoral a fondo y una reestructuración drástica de sus formas de gobierno y de sus formas de recaudar dinero y de gastarlo.
De otra manera, aunque en lo inmediato pueda parecer satisfactorio el reducir el gasto electoral, ello podría ensanchar la puerta al financiamiento privado, no sólo de empresarios, sino del crimen organizado, en “apoyo” a sus partidos y candidatos y podría encauzar la inconformidad actual con el sistema por rutas engañosas. Un primer paso importante puede ser esa disminución del despilfarro con cargo a las elecciones, pero debe ser acompañado de proyectos y procesos que vayan al fondo del problema nacional.
La fuerza social volcada en la Ciudad de México, y episodios estremecedores, como la lucha para rescatar a menores de edad, ha restado visibilidad a las otras tragedias derivadas del anterior sismo (Chiapas y Oaxaca, en días anteriores) o contemporáneas de la capitalina, en especial Morelos, Puebla y el Estado de México. En varios puntos de estas entidades se han vivido dramas y se tienen requerimientos que merecen una mayor atención del gobierno federal y una solidaridad social más amplia y vigorosa.
Aún no queda clara la dimensión de lo sucedido, en términos de daños estructurales y de pérdida de vidas, pero el desastre nacional requerirá modificaciones al presupuesto federal de egresos, con su consecuente impacto en las participaciones a los estados, todo en un año electoral determinante y con una clara confrontación de dos propuestas, la de los partidos explícita o implícitamente aliados, y la de Morena.
En ese contexto, será importante vigilar que se atiendan adecuadamente los requerimientos de las distintas entidades del país que han sufrido daños de este tipo y evitar que los sismos sean utilizados para maniobras electorales: la ayuda internacional, y la eventual contratación de préstamos extranjeros, deben destinarse estrictamente a los fines enunciados, pues el dinero por venir puede ser utilizado para disfrazar o disimular socavones presupuestales actuales o acumulados, y los recursos frescos pueden destinarse a crear una sensación efímera de recuperación y eficacia, en las vísperas de los comicios, que sería pagada en muchos años posteriores y que daría a operadores electorales del sistema una inmejorable oportunidad de apretar los mecanismos clientelares.
En lo inmediato, es imprescindible la verificación confiable de la situación que guardan múltiples edificios y construcciones a las que se pretende extender una superficial constancia de buen funcionamiento. También es importante que haya una mejor coordinación de los esfuerzos de la sociedad, entre sí, y respecto a las acciones gubernamentales, para no entorpecer o duplicar esfuerzos. ¡Hasta mañana!
