Violencia, división social e inviabilidad política. Más allá del desenlace específico del domingo venezolano, con siete muertes (a la hora de escribir la presente columna), protestas callejeras y el procesamiento formal de la Asamblea Constituyente, el curso de lo que ha sucedido en los meses recientes en aquel país sudamericano puede aportar lecciones y advertir riesgos para el futuro inmediato mexicano, en específico para el momento crítico de la sucesión presidencial de 2018.
En particular, resulta de interés observar la recurrencia al factor estadunidense por parte de grupos civiles que no encuentran salida institucional a sus objeciones y su oposición al régimen de Nicolás Maduro. De manera abierta, la impresentable administración de Donald Trump (aunque, en el fondo, son los intereses del aparato de poder estadunidense, por encima de nombres y apellidos) mantiene una beligerancia sin tregua contra el gobierno venezolano, con la aceptación explícita de los cuadros directivos de la oposición local.
En segmentos de esa batalla contra el postchavismo, hay una invocación a que la fuerza estadunidense “ayude” a sacar a Maduro, precipitando lo que sea necesario, incluso intervenciones armadas. Washington, por su parte, influye, presiona y financia cuanta acción puede, en consonancia con el papel histórico de conspiración, desestabilización e intervencionismo que ha mantenido contra gobiernos de izquierda, en cualquier tonalidad de la gama y con diversos niveles de cumplimiento de los proyectos populares invocados (el gobierno de Maduro, por ejemplo, ha cometido errores que han sido aprovechados por los sectores que le combaten, y su estilo personal de mando ha sido desacertado, con incomodidad e incluso rechazo en sus propias filas).
En México también se han ido multiplicando las voces que aceptarían intervenciones extranjeras para tratar de solucionar los graves problemas nacionales. En una primera fase, se habla de intervenciones institucionales, a través de organismos formales, que ayuden a frenar los homicidios de periodistas, el horror del crimen organizado e incluso la corrupción institucionalizada.
De hecho, cada vez es mayor la presencia económica e institucional de fundaciones y grupos de apoyo político y económico, incluyendo la promoción de un periodismo de investigación y la organización defensiva de periodistas mexicanos que, en algunos casos, recibe financiamiento de organizaciones como Open Society, de George Soros. En ciertos grupos de élite, que suelen asumirse como representantes de la sociedad civil y que pugnan por participar en el diseño de “soluciones” institucionales, también se habla de la valía de que instancias foráneas ayuden a empujar transiciones mexicanas.
Es tentadora, para grupos que temen la continuidad del priismo corrupto, tanto como la eventual llegada de un lopezobradorismo “populista” o “socialista al estilo venezolano”, la idea de creer, o querer creer, que una mano extranjera pueda ayudar a resolver los problemas que en la propia tierra parecen no tener salida. Más, si el panorama electoral de 2018 no ofrece salidas sensatas, sino una polarización y el riesgo de un fraude electoral mayúsculo.
Por lo pronto, en México, la violencia criminal es mayúscula, en marcos de contubernio con poderes públicos que pueden influir negativamente en el proceso electoral 2018. También avanza la división social, sembrada desde 2006 por la élite panista. Y la inviabilidad política, la insuficiencia institucional, el colapso de la “democracia representativa” están a la vista. ¿Será México la siguiente estación del recorrido gringo, con aliados locales, para impedir una alternancia partidista reformista, de tinte izquierdista?
Vicente Fox Quesada disfruta de pensión vitalicia, servicios administrativos, vigilancia militar, gastos de oficina, impunidad para él, su esposa e hijos y familiares, y especiales mecanismos de financiamiento del Centro Fox. El dinero público que se gasta en su persona, familia e intereses, no tiene ningún sustento legal (las tales pensiones presidenciales no fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, aunque las legislaturas federales incluyen esas partidas en los presupuestos anuales de egresos). Pero según se acepta informalmente, el fundamento teórico de esas erogaciones reside en el interés del Estado mexicano de que disfruten de una vida decorosa, sin desfiguros ni indignidad, quienes sirvieron en el máximo sitio de la administración pública.
En el caso de Fox, se va agudizando una penosa recurrencia a lo ridículo (aunque es un proceso en espiral, de larga data) y es imparable una indecorosa proclividad a batirse en aguas políticas sucias, en términos impropios de un personaje mantenido por el dinero público (otro ejemplo de esa impudicia lo suele dar Felipe Calderón, metido en la lucha electoral panista y desbordado activista en favor de causas de extrema derecha).
Además de los señalamientos oportunistas que enderezó en su momento contra Donald Trump (pretendiendo mostrarse como “defensor” de los mexicanos), la visita provocadora a Venezuela (de donde lo expulsaron), el servil apoyo a Enrique Peña Nieto (virtual priista, quien “sacó” al PRI de Los Pinos), Fox Quesada está en campaña abierta contra Andrés Manuel López Obrador, como lo mostró ayer mediante tuits de abierto insulto a quien preside un partido político y encabeza, hasta ahora, encuestas de opinión respecto al 2018. Así escribió: “tulicata,chinche brava,vivora (sic) prieta,sanguijuela,lagartija,Falso Profeta,engañabobos.MX no es Venezuela.Tu eres Chavez-Maduro”. Papel lamentable, impropio, chachalaco, de un expresidente de la República que disfruta holgadamente del dinero público, mantenido para hacer desfiguros.
Y, mientras el secretario de agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue, anunciaba este fin de semana, en Mérida, un programa de contratación temporal de jornaleros mexicanos del que el gobierno peñista (José Calzada Rovirosa, de Sagarpa) no tenía ni idea, ¡hasta mañana!
