Siempre hambrienta de noticias de gobernantes corruptos y guillotinas justicieras blandiendo sobre sus cabezas, la llamada “prensa nacional”, que se ha solazado tanto los últimos meses con los Duarte priistas de Veracruz y Chihuahua, al igual que con el panista Padrés de Sonora, tuvo ayer su generosa ración de “Beto” Borge.
En conferencia de prensa, el secretario de la Gestión Pública del estado, Rafael del Pozo, secundó ayer en la Ciudad de México las acusaciones que por la mañana adelantara el gobernador Carlos Joaquín en el programa de Loret de Mola, en contra de su antecesor Roberto Borge por presuntamente rematar terrenos propiedad del estado a familiares y amigos.
Si fue una estrategia del gobierno joaquinista para aprovechar la resonancia que desde el centro del país generan estos temas, pues hay que reconocerles que fue bien jugada. El efecto se logró con creces y los medios nacionales le dieron vuelo a la noticia de que, por fin, el actual gobierno de Quintana Roo había fincado responsabilidad penal a Borge.
Pero si de sustentar con pruebas y argumentos la denuncia se trataba, la conferencia de Del Pozo dejó muchas interrogantes en el aire que, por estar fuera de su ámbito habitual, los representantes de medios nacionales no percibieron y se limitaron a emitir la noticia a como se las dieron, sin abundar más en los “datos duros” que, más conocedora en la materia, la prensa quintanarroense no hubiese pasado por alto.
No se trata de defender lo indefendible, pues por supuesto que “Beto” Borge tiene varias cosas qué explicar del supuesto remate de predios propiedad del estado a precios irrisorios a su parentela y a sus más cercanos cuates, pero tampoco se trata de que digiramos sin arcadas la información cuchareada a dos mil kilómetros de distancia de donde radican quienes, se supone, deberían ser los primeros en enterarse de estas acciones justicieras: los quintanarroenses.
Bien por la decisión de que por fin el gobierno de Carlos Joaquín haya pasado de las amenazas simples a los hechos concretos, a lo que la gente exigía, y entabló la primera demanda penal ante la PGR.
Pero nos hubiese gustado que Del Pozo hubiese aportado datos más concretos de las auditorías que practicaron a la administración pasada, como los nombres de los beneficiarios del reparto agrario borgista, extensiones de los terrenos vendidos, ubicación y precios que pagaron por cada uno, a dónde quedó el dinero, entre otras dudas más que, junto con un acre sabor de boca, nos dejó su muy distante conferencia de prensa.
