“El hombre puede medir el valor de su propia alma en la mirada agradecida que le dirija un animal al cual ha socorrido” Platón
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 242 votos a favor , cero abstenciones y 190 votos en contra el dictamen que reforma el cuarto párrafo del artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre, para prohibir el uso de mamíferos marinos cualquiera que sea su especie (delfines, ballenas y manatíes), en espectáculos fijos o itinerantes.
Dos de estos votos a favor fueron por parte de las legisladoras quintanarroenses Sara Latiffe (PRI) y Paloma Canales Suarez (PVEM). Latiffe quien fungió como funcionaria del ex gobernador Félix González Canto, entró de “panzazo” como pluri días después que se había tomado la protesta oficial a los diputados; de Paloma Canales muy poco se sabe de ella y también su llegada fue por la vía plurinominal.
Seis de estos votos en contra fueron de los legisladores Ivanova Pool (PRD) Carlos Gutiérrez (Panal), Arlet Mólgora (PRI), Patricia Sánchez Carrillo (PAN), José Luis Toledo (PRI) y Mario Machuca (PVEM). Obviamente que el interés es porque Quintana Roo es la entidad donde se concentra más del 50 por ciento del total de esos centros de diversión o de explotación como les llaman los defensores de la vida animal y generan una derrama económica de aproximadamente 130 mdd al año, y lo malo es que están en manos de unos cuantos.
Esta reforma, enfocada en la prohibición del uso de animales marinos en los llamados delfinarios, comenzaría a aplicarse dentro de 50 años, ya que se estableció un período para que las hembras que actualmente existan en esos sitios puedan procrear otra generación. (Aún falta que la reforma sea aprobada por el Senado).
Desde luego que ésta no era la línea, pues basta recordar cómo se marcó la votación en la anterior sesión cuando al verse perdidos los de oposición decidieron reventarla, acusando que la iniciativa perseguía intereses políticos y económicos, antes que ambientales.
