El Partido Revolucionario Institucional suspendió sus derechos partidistas al ex gobernador Roberto Borge en la Comisión Nacional de Justicia del instituto político, y hasta ahora nadie atina a precisar qué significa esta sanción y qué alcances tiene, más allá de que el PRI reconozca todas las fechorías de las que es acusado el ex mandatario quintanarroense.
Y luego entonces ¿por qué no se ha girado orden del aprehensión, si propios y extraños lo sentencian como culpable de tantos abusos, excesos y delitos?
Seguramente Borge Angulo ha de estar muy preocupado desde la clandestinidad (nadie sabe dónde está) por la resolución de su partido o su ex partido, aunque sólo sea una expresión vacía y un papel con letras.
Ya el cozumeleño obtuvo lo que quiso (y quizá mucho más de lo que imaginó) del Partido Revolucionario Institucional ¿Qué más le da si lo suspenden o expulsan de sus filas? ¿Qué más puede importarle si ni siquiera como gobernador en funciones el PRI le permitió poner a su delfín como candidato?
Roberto Borge seguramente pensará que esta suspensión a sus derechos se lo pueden hacer rollito, al fin él ya tiene la maleta llena, y sabe bien que su futuro no está en manos ni del gobernador Carlos Joaquín ni del PRI, sino de una decisión unilateral del Presidente Enrique Peña Nieto, quien debe tener su expediente sobre el escritorio.
Lo que en realidad llama la atención es la institucionalidad del PRI, de un partido que siempre pide lealtad de los militantes hacia el instituto, pero éste les da la espalda como ahora lo hace con Borge y antes con Mario Villanueva.
El PRI se constituye de esta manera en juez y sanciona a su ex gobernador, cuando su caso no ha sido expuesto ante un juzgado, aunque sobren las evidencias.
