Mucho se ha hablado en fechas recientes de si se debe rescatar o no la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual en el gobierno anterior de Roberto Borge y modificada por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al ser impugnada por comunicadores.
Es la Secretaría de Gobierno la principal interesada en rescatar la Ley y crear el Consejo Consultivo para el Sistema de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo.
Esta ley prevé la creación del Sistema Quintanarroense para tal fin conformado por la Junta de Gobierno, el Consejo Consultivo y la Secretaría Ejecutiva.
Se busca que formen parte del Consejo Consultivo cinco personas consejeras, entre ellos dos periodistas.
Con tantos años en estos menesteres, uno se da cuenta que este tipo de “esfuerzos” salen sobrando. Más allá de si hay buenas intenciones o no, el gremio periodístico es tan complejo que lo mejor es que el gobierno simplemente deje trabajar a los comunicadores y no aplique la verdadera Ley Borge, es decir, la de en una mano del dinero y en la otra el garrote.
Meter en estas andanzas a gente neófita, que en realidad desconoce la práctica del periodismo, y más aún, no sabe del andar ni la talacha del comunicador ni la relación entre ellos, será sumamente difícil, complejo y sólo creará confusión y más enconos.
Con que se le permita trabajar el verdadero periodista, al que en realidad ha ejercido, al que sabe lo que es hacer una guardia, al que cumple su función social, al que no de pronto se le ocurrió abrir una página…con eso, el gremio estará más que conforme.
No se necesitan adalides, al contrario, no son bien vistos.
