SOLIDARIDAD.- Los amparos concedidos a Rafael Castro y Gabriel Castro, ex presidente municipal y ex tesorero, respectivamente, están dentro de lo previsto en el proceso judicial, pues estos son parte de las garantías que tienen los imputados para evitar una acción abusiva de parte de la autoridad.
El ayuntamiento confía en que los procesos federales y estatales iniciados en contra de éstos y otros personajes de la administración anterior, sean judicializados prontamente, ya que según explicó la presidenta municipal, Cristina Torres Gómez, se han presentado pruebas firmes para que sea resarcido el daño patrimonial que asciende a más de 450 millones de pesos, de acuerdo con los resultados de las investigaciones en la Contraloría.
“Que se ampare quien tenga miedo”, indicó la alcaldesa, quien agregó que se ampliarán las denuncias y que también se presentará una nueva, haciendo un llamado a la ciudadanía a tener paciencia, porque el proceso judicial es largo.
La denuncia interpuesta en contra del presidente municipal, tesorero y oficial mayor en la pasada administración se debe a que como servidores públicos y en el ejercicio de sus funciones, suscribieron un contrato con la empresa Prestaciones FINMART que hizo préstamos a los trabajadores del municipio, el Ayuntamiento les retuvo y les descontó de sus nóminas el importe quincenal a pagar por dichos créditos; sin embargo, el Ayuntamiento no pagó dichos importes a la señalada empresa, ni entregó tales recursos a la administración municipal entrante, ocasionando un daño patrimonial superior a los cinco millones 150 mil pesos.
(Gerardo González/Quintana Roo hoy)
