Luego de forzarlo y hasta amenazarlo para que presentara su renuncia como auditor superior del Estado, el Congreso determinó no aceptar la dimisión de Javier Zetina González, en una decisión que no sólo sorprende, sino que pone de cabeza a la clase política estatal.
Supuestamente por considerar que de separarse del cargo se afectaría el proceso de recepción de las cuentas públicas de los entes fiscalizables del Estado, los diputados de la XV Legislatura determinaron no aceptar en sus términos de tal renuncia, misma que fue presentada el pasado 15 de marzo y que surtiría efecto a partir de mañana viernes.
Días, semanas tardaron los dimes y diretes, en los que el Auditor se negaba a renunciar al cargo, mientras que diputados y partidos exigían su dimisión, vinculándolo con Roberto Borge.
Todo este enredo creció con rumores de su renuncia, seguidos de desmentidos, hasta que finalmente fue él mismo quien reconoció su dimisión por presiones a su persona, patrimonio y hasta a su familia.
A nadie convencen los motivos de la decisión de rechazar dicha renuncia, y más bien hay quienes se inclinan porque los diputados prefirieron a Zetina González que a Hugo Bonilla Iglesias, a quien también se le vincula con el ex gobernador Borge.
La versión oficial señala que los legisladores concluyeron que no es aceptable que (Zetina) deje su cargo cuando hay procedimientos que están en curso como lo es la recepción de las cuentas públicas de los entes fiscalizables del Estado, las cuales se empalmarían con el proceso de entrega recepción.
El hecho es que esta legislatura ha dado bandazos, producto de inexperiencia, de no saber bien cuál es la línea y ahora sólo falta que Javier Zetina acepte su continuidad.