El gobierno del estado se quiere significar por tener cara social. Con resultados. Varias voces, empezando por la del gobernador Carlos Joaquín, lo han dicho reiteradamente desde la campaña. Las directrices establecidas dan prioridad a ponerle atención especial a los grupos sociales más vulnerables y, a partir de ello, a solucionar un flagelo absolutamente inaceptable en tiempos de sobreproducción y desperdicio: el hambre. Cerca del 10% de la población quintanarroense se encuentra en esa circunstancia.
Llegó el tiempo de transformar los planes en hechos. Para eso hay que cortar de raíz. Cambiar paradigmas. Modificar los parámetros. Tiene razón Julián Ricalde, Secretario de Desarrollo Social e Indígena, cuando afirma que esta vertiente del gobierno debe caminar sobre “otros andamiajes” que sean capaces de disminuir, por ejemplo, los índices de pobreza. La disección entre pobreza rural y urbana ha tenido históricamente en la región una diferenciación entre los apartados (y en cierto sentido segregados) asentamientos de origen maya frente a todo lo demás.
Hasta ahora la política social oficial hubo de concentrar recursos y esfuerzos en reproducir ese tipo de clientelismo humillante que intercambia prebendas por lealtades (eventualmente transformadas en votos) y que puede tener coberturas tan loables como despejar de basura las calles y las viviendas para cambiarlas por alimentos. Ningún programa social o brigada de acercamiento de los servicios públicos al ciudadano, por sí mismos, son descartables, pero las variantes distorsionadas aplicadas en la localidad adquirieron el grado emblemático y simbólico de la corrupción lo que obligan, como también dijo Ricalde, a que se vayan a la basura.
