En 2012 activistas mexicanos de la Caravana por la Paz destruyeron en Guadalupe Plaza Park de Houston, Texas, un rifle AK 47 y una Magnum 357 –las armas que más civiles han matado en México- y cuatro años después el senador panista Jorge Luis Preciado propone, ahora, una enmienda a la Constitución para que podamos, como en Estados Unidos, portar armas.
El Movimiento por la Paz organizó la caravana desde San Diego hasta Washington, para protestar contra el contrabando a nuestro país de las armas que Estados Unidos importa.
Cada día en México, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 56 personas son asesinadas; 1,700 al mes. El 84% de las armas incautadas en las escenas de esos crímenes provienen de Estados Unidos. El arma más común en los delitos de alto impacto que se cometen en México, desde Ciudad Juárez hasta Cancún, es el fusil de asalto AK-47, fabricado en Rumania, importado en Estados Unidos y enviado, después, a México.
“Armarse sería el desquiciamiento y la aceptación de que el Estado puede abdicar a su función de protegernos”, comentó Teresa Carmona, integrante del Movimiento por la Paz, “lo que debemos hacer es obligar a los gobiernos a que cumplan su función; no empezar a matarnos entre nosotros como autodefensa”.
La propuesta del senador panista es, para muchos, atrayente, pero en realidad ¿es la solución dormir con una pistola bajo la almohada? El sistema judicial no está actualizado en la práctica -aunque lo esté en el papel- para discernir si una o un ciudadano actuó en defensa propia. Las cárceles estarían más saturadas de historias de corrupción e injusticia, mientras los criminales seguirían sueltos asesinando a civiles.