Aún cuando formalmente habrá de entregar el poder hasta el uno de diciembre de 2018, Enrique Peña Nieto agudiza a partir de hoy su declive político, con la entrega oficial del quinto informe de gobierno y, en el horizonte priista, con la cuenta regresiva para la designación de un aspirante grupal a la sucesión.
Calificado socialmente en términos muy negativos, determinada su administración por los jinetes galopantes de la corrupción, el crimen organizado y la ineficacia (el país, un socavón), Peña Nieto atiborra pantallas, bocinas y planas de prensa con una abundante propaganda en la que pinta de tres colores los supuestos éxitos que ha tenido como gobernante.
La insistencia en mostrar triunfal su administración (“menos pobreza”, entre otros logros), ímpetu con cargo al erario, coincide con los simulacros de recomposición priista (la asamblea nacional del partido en el poder, como ejemplo), de cara a las cruciales elecciones de 2018.
Además, el quinto informe ha sido pretexto para ir más allá de lo gubernamental y adentrarse en los vericuetos partidistas y electorales: así, Peña Nieto ha hecho saber que el siguiente candidato presidencial del PRI debe tener claridad en el proyecto a cumplir el próximo sexenio y contar con una reputación intachable. Con esos requisitos, pareciera quedar fuera del radar futurista el actual secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong (una de las cuatro cartas que, como vocero del Casino Nacional, marcó como viables el senador Emilio Gamboa Patrón en días pasados).
La cuarteta de tres quedaría integrada, entonces, por José Antonio Meade Kuribreña (la carta de Luis Videgaray, el virtual vicepresidente ejecutivo del país), Aurelio Nuño (a quien Peña Nieto siente más cercano, incluso relativamente distante del poder expansivo de Videgaray) y José Narro (el exrector de la UNAM que podría tener viabilidad solamente si los pleitos en las cúpulas cierran el paso a los dos aspirantes enunciados aquí en primer término).
En otra de las entrevistas que sostuvo, en el marco de este quinto informe, Peña Nieto tocó el tema de Venezuela, bajo el enfoque de que tal forma de gobierno podría “extenderse” a México si ganara el candidato de Morena. Voces “con un dejo de preocupación” le han dicho a EPN, respecto a Andrés Manuel López Obrador (según dijo a Ciro Gómez Leyva, para Imagen y Excélsior), “que es muy parecido, que su fórmula es muy parecida y que les preocupa que, el día de mañana, ese discurso (de López Obrador) prospere; que el día de mañana, México, en vez de avanzar, como ha ocurrido en los últimos 25 años, se parezca a lo que hoy es Venezuela”.
Uno de los principales ejes de la campaña priista por la Presidencia de la República consiste justamente en asociar al chavismo-madurismo con López Obrador, tratando de revivir episodios electorales en los que el voto del miedo, como sucedió en 2006, lleven al electorado a preferir al “malo por conocido”. Luis Videgaray, como secretario de relaciones exteriores, ha sido el principal ejecutor de esas maniobras que buscan equiparar la actual Venezuela con lo que dicen que sería México con López Obrador en la silla presidencial.
Perder o ganar votaciones en la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, en el intento de sancionar a Venezuela, ha sido irrelevante para el citado Videgaray, pues lo importante para el grupo que está en Los Pinos era insertar, en la agenda internacional y nacional, ese punto de la forzada identificación, para fines propagandísticos, de Venezuela con el supuesto México de Morena.
Un grupo de senadores panistas, la mayoría abiertamente identificados con Felipe Calderón y con el proyecto presidencial de Margarita Zavala Gómez del Campo, están dispuestos a sostener la estipulación legal que permite el “pase automático” del priista, amigo y promovido de Peña Nieto, Raúl Cervantes Andrade, para que sea Fiscal General de la Nación, “autónomo” de todo poder o grupo político, durante nueve años.
Dicho segmento del partido conservador busca ganar favores y entendimiento con la administración de Peña Nieto, a la vez que desatienden el llamado del dirigente formal de Acción Nacional, el queretano Ricardo Anaya, de que la bancada de blanco y azul vote en contra de la evidente intención priista de hacerse de un guardaespaldas político transexenal.
Anaya, también aspirante presidencial, y principal dique para las pretensiones de Margarita Zavala, llegó a declarar una “guerra” política contra el gobierno de Peña Nieto, que el calderonismo ha aprovechado para negociar su abstinencia guerrera con el gobierno peñista que, así, está de plácemes. Todo listo para aprobar al #FiscalCarnal.
Tal como era de preverse, el exgobernador de Veracruz, Javier duarte de Ochoa, ha hecho trampa con la huelga de hambre que dijo haber iniciado el pasado 17 de octubre. O, visto de otra manera, ha recreado el viejo concepto de ese método de lucha civil, pues fue pillado comiendo sopa de verduras en compañía de un hermano, diez días después del inicio de la peculiar dieta que le ha hecho bajar varios kilogramos de peso, y tan campante hizo saber que, conforme a su personal criterio, él sigue en huelga de hambre (la referencia a la ingestión de verduras, y al criterio innovador respecto a la mencionada huelga, fue dada a conocer por la subsecretaría del gobierno capitalino encargada del sistema penitenciario).
La huelga de hambre, con alimentos a discreción, le sirvió, con evidencia que saltaba a la vista desde el primer minuto, para mantener presencia en algunos medios de comunicación, intentar posicionarse como víctima o mártir político y disparar acusaciones de abuso de poder, corrupción y manipulación institucional (parte de lo mismo de lo que lo han acusado a él muchos ciudadanos de Veracruz) contra su sucesor, el panista Miguel Ángel Yunes. Pero, por encima de todo, Javidú ha hecho saber que, a pesar de esas interferencias gastronómicas en su camino, él seguirá considerando que está en huelga de hambre. ¡Hasta el próximo lunes!
