Programada para terminar de manera plenaria el próximo sábado, la 22 asamblea nacional del Partido Revolucionario Institucional finalizó, en términos de realismo político, el mismo miércoles en que iniciaron trabajos temáticos en cinco sedes regionales, pues en una de ellas, la de Campeche, a las ocho de la noche con 35 minutos, se declaró aprobada la propuesta de reformas a los estatutos que le permitirán postular candidatos, incluso a la presidencia de la República, que no hayan sido militantes y que, en todo caso, se declaren, circunstancialmente, “simpatizantes” del PRI.
Como si esa aprobación campechana fuese ya palabra irrebatible, el propio presidente nacional del partido de tres colores, Enrique Ochoa Reza, declaró ayer, a los cuatro vientos, que los “candados” estatutarios son cosa del pasado, aun cuando una pizca de prudencia debería llevarlo a esperar que esa resolución parcial, la de Campeche, sea discutida y aprobada en la sesión plenaria que se realizará este sábado, por más que el resultado oficial sea absolutamente previsible.
El triunfalismo adelantado corresponde al cumplimiento de una instrucción implacable de Los Pinos para quitar los famosos “candados”, lo que encarta de manera automática al secretario de hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, como aspirante a la candidatura presidencial priista. Otra de las modificaciones campechanas botó el requisito de diez años de militancia, para esas postulaciones a puestos de elección popular, lo que libera de presión al secretario de educación, Aurelio Nuño, quien asegura tener militancia priista desde 2004, aunque hay quienes aseguran que la constancia de esos antecedentes fue fabricada para darle un barniz partidista que, ahora, ya no es necesario ni tenerlo ni investigarlo en busca de adulteraciones.
La Operación Campeche estuvo bajo la vigilancia general del comisionado de Peña Nieto para supervisar el cumplimiento de sus instrucciones en la citada asamblea nacional, Jesús Murillo Karam, constructor de verdades históricas, aunque estas choquen con la realidad. Además, en el manejo directo de la sesión en Campeche estuvieron José Murat, exgobernador de Oaxaca, y Jorge Carlos Ramírez Marín, actual diputado federal y aspirante a gobernar Yucatán (éste, presidió la mesa de debates). En especial, se cuidó que no avanzara la relativa oposición, cautelosa en términos reales, aunque estridente en lo oratorio, de los exgobernadores Ulises Ruiz, de Oaxaca, e Ivonne Ortega, de Yucatán, quienes pretendieron frenar la liberación de los “candados” en mención.
La faena estatutaria parece particularmente diseñada para dar viabilidad a la candidatura de Meade Kuribreña, miembro del subgrupo de Luis Videgaray Caso y funcionario público bien visto en ámbitos de las finanzas nacionales e internacionales, a cuyo servicio estaría, de llegar a Los Pinos. Sin embargo, el mismo miércoles apareció en medios de comunicación una fotografía de Peña Nieto con el titular de la SEP, Aurelio Nuño, en una actitud de muy grato entendimiento, además que el mexiquense declaró que la reforma educativa ya no es una aspiración, sino una realidad.
Peña Nieto, quien encabezará el cierre de la asamblea priista este sábado, está reiterando de manera aplastante el control sobre el aparato priista (otro eventual disidente, Manlio Fabio Beltrones, prefirió refugiarse en el oropel “filosófico” de una mesa temática en Guadalajara), de tal manera que la postulación del candidato presidencial queda plenamente en sus manos, ya con la puerta abierta para lanzar a Meade o, si todo esto fuera una jugada de distracción (y este funcionario pasara de Hacienda al Banco de México), para imponer su carta guardada que, según los afectos largamente mostrados, podría ser el joven Nuño, a pesar de todos los pesares y con el antecedente del Estado de México, en donde el peñismo cree haber comprobado que puede instalar a su candidato, con evidente fraude electoral y al costo que sea.
El escándalo de las presuntas operaciones delictivas del futbolista Rafael Márquez y del cantante Julión Álvarez ha desplazado del interés público los casos de las elecciones estatales impugnadas (Estado de México y Coahuila) y, en especial, la declaratoria oficial de triunfo a favor de Alfredo del Mazo Maza. El paso del tiempo, y la ya sabida desmemoria colectiva, ayuda a que en Toluca y en Los Pinos se considere que en términos politicos y mediáticos ese arroz familiar ya se coció.
En ese cuadro de distracción por motivos futboleros y gruperos, tampoco ha tenido la resonancia proporcional el dictamen de peritos, respecto a las causas del socavón y accidentes en el Paso Exprés de Cuernavaca. Las fallas y desatenciones ampliamente documentadas, implican responsabilidad administrativa y judicial contra constructores y autoridades, pero el campante secretario federal de comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza, lo ha asumido como un episodio que debe afectar a muchos otros, si es que realmente los afecta, pero no a él, quien constituiría una especie de máximo sitial de la virtud, inalcanzable por los errores y delitos cometidos en el ámbito bajo su responsabilidad.
En una parte de sus declaraciones autoexculpatorias de ayer, así se explicó (es un decir) el titular de la SCT: “Si yo asumo una responsabilidad política de otra manera, simple y sencillamente estoy reconociendo cosas que no debo reconocer porque hay quien sí cumplió con cosas y yo debo ver en este momento, es mi principal responsabilidad, que quien no cumplió con algo lo reconozca, que acredite, y que se castigue”. Uf: San Gerardo de las Obras Comisionables, siempre bajo el manto protector de Enrique de Los Pinos.
Y, mientras el congreso del Estado de México ha aprobado, por 39 votos de PRI, Verde, Panal y Encuentro Social, contra 31 de los demás grupos partidistas, la despenalización (ahora serán “faltas administrativas”) de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, y de la operación de expendios que no cuenten con licencia de funcionamiento, ¡hasta el próximo lunes!
