Bajo la fundada suposición de que el contraste lo dejaría a salvo, Enrique Peña Nieto escogió la compañía de Graco Ramírez, gobernador de Morelos, para hacer una visita “de campo”, a una semana del sismo cuyas consecuencias económicas, sociales, políticas y electorales aún son imprevisibles.
El ocupante de Los Pinos, como el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, no han puesto pie, en términos políticos, en una capital del país que ha vivido episodios altamente significativos de organización y solidaridad sociales, sin apoyo de los gobiernos e incluso en contra de ellos. Peña y Mancera han dado conferencias de prensa y han hecho apariciones bajo control, pero no se han atrevido a someterse al crudo escrutinio de las masas críticas y movilizadas. Es probable que esté muy presente en el ánimo de los “representantes populares” lo sucedido con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, abucheado e incluso receptor de algún manotazo sin mayores consecuencias, o con el jefe delegacional en Xochimilco, Avelino Méndez, pateado, empujado y perseguido.
En todo caso, Peña se da baños de pueblo, al amparo del rigor del Estado Mayor Presidencial, en poblaciones de otras entidades, como sucedió ayer en Morelos, donde el gobernador Ramírez fue convertido en imán de los dardos populares, con mentadas de madre, abucheo y gritos de “ratero” que solo le permitieron intentar un remedo de discurso en 35 segundos. En el contraste buscado, Peña resultó ileso.
La única avanzada del gobierno federal ha sido Roberto Campa Cifrián, subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. Ayer estuvo en uno de los sitios de desastre, en Álvaro Obregón 286, colonia Roma. Quienes se reunieron con él no encontraron las respuestas y la actitud que esperaban.
Campa es una pieza flexible que el gobierno federal usa para aparentar diálogos y negociaciones, bajo un aspecto de comprensión burocrática casi bondadosa pero, como lo saben otras organizaciones en lucha (los familiares de los 43, por ejemplo), sin mayor capacidad que la de hacer correr el tiempo y generar algunas expectativas menores, siempre sujeto ese subsecretario a las duras posiciones finales de sus superiores. “No te hagas pend…, queremos los cuerpos”, fue uno de los gritos lanzados al funcionario.
Ese grito popular contra el “hacerse pend…” podría describir la especialidad de la actual administración federal respecto al estremecedor caso de los 43 estudiantes desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala y sus alrededores. Nada se ha avanzado más allá de la irritante mentira llamada “verdad histórica”. El gobierno federal, mediante sus policías buenos o malos, ha mantenido vigente la fantasiosa versión construida por el mendaz Jesús Murillo Karam, uno de los más siniestros personajes del sexenio (tan cargado de ellos).
A tres años de distancia, la administración Peña ha sostenido su estrategia de apostar al paso del tiempo y al desgaste del movimiento de familiares de los estudiantes normalistas. El encubrimiento institucional proviene del hecho de que los jóvenes fueron víctimas de una amalgama de poderes criminales, de los gobiernos y de ciertos grupos criminales. El narcoestado mexicano, la narcopolítica, en conjugación de tiempos y circunstancias que impactaron a estudiantes en movilización.
La conjunción de múltiples factores negativos ha hecho explosión justamente cuando el sistema político pretendía llevar en sus términos acostumbrados una edición más de los procesos de convalidación denominados “elecciones”. El curso previsto ha sido descarrillado. La narrativa de los candidatos, las campañas y los comicios suena a broma de mal gusto ante la dimensión de los problemas nacionales y la alta probabilidad de que los grupos en contienda solo puedan ofrecer cambios cosméticos y provisionales, convertido todo en una lucha por el poder y por la permanencia o sustitución de camarillas, amparadas bajo determinada etiqueta partidista. En ese contexto avanza la batalla simuladora relacionada con la supresión total de los fondos públicos para operaciones partidistas.
Uno de los principales precandidatos del PRI a la Presidencia de la República, Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, dio un paso más en falso, en el jabonoso terreno de su participación en el engaño televisado de la niña Frida Sofía, luego declarada inexistente. Ante un grupo de niños, uno de ellos le preguntó por el desenlace de ese episodio. Con el mayor desparpajo, Nuño culpó a “rescatistas civiles” de haber dado la información relacionada con la escolar presuntamente en vías de ser rescatada.
A esos rescatistas, y ha de suponerse que a los altos mandos de la Marina, a la vocería privilegiada de Televisa (que asumió como reales los detalles de la falsa historia) y al propio aspirante a candidato presidencial los habría chamaqueado alguna voz que por ahí, al paso, habría hablado de una niña que movía la mano, se le suministraba agua y oxígeno e incluso confirmaría que era una pequeña y que estaba con cinco menores más.
Fue la “emoción”, ha argumentado el citado Nuño, tratando de quitar filo a la manipulación sostenida durante diez horas y que mantuvo en vilo a millones de mexicanos. Y, claro, no hubo culpa de marinos, televisos y titular de la SEP, pero sí de unos civiles “emocionados”.
Astillas: Tienen una dosis azarosa, desde luego. Pero muchos de los accidentes graves que van sucediendo en esta etapa oscura provienen de descuidos humanos, falta de mantenimiento, equipo sin supervisión y falta de controles empresariales y gubernamentales: cuatro muertos y 18 heridos, a causa de una pipa que quedó sin frenos, en Constituyentes y Gelati, en la Ciudad de México… Y mientras, rayando lo grotesco, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, se ha declarado en huelga de hambre en Panamá, al estilo de Javier Duarte, por “flagrante violación a sus derechos humanos”, ¡hasta mañana!
