Los directivos del simulacro de lucha institucional contra la corrupción (denominado, de manera hilarante, Sistema Nacional Anticorrupción, SNA, siglas que bien podrían cambiarse por Snif)) se negaron a exhortar (¡cuando menos a exhortar!) al gobierno de Enrique Peña Nieto a que informe respecto a los términos de adquisición y uso del sistema de espionaje Pegasus, que ha sido señalado de manera fundada y constante como ejemplo de desviación de recursos públicos para fines distintos de los oficial y legalmente contemplados.
El tema fue planteado por la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del citado SNA-Snif, Jacqueline Peschard, quien retomó las denuncias de que la adquisición y uso del malware Pegasus han coincidido con el envío de mensajes-anzuelo a periodistas, activistas y opositores al régimen para que, al dar clic a esas trampas, estuviesen instalando el programa que no deja huella de esas intrusiones (Pegasus) y permite vigilar y manipular los teléfonos celulares deseados.
El citado Comité de Participación Ciudadana fue creado con la intención de que “ahora, los ciudadanos participen activamente en el combate y prevención a (sic) la corrupción”. Con optimismo, se plantea en la página oficial: “Con el SNA, la ciudadanía será escuchada por conducto del Comité de Participación Ciudadana” (https://goo.gl/oYzvQn ). Bueno, hasta se decidió que sea uno de esos ciudadanos quien presida el mencionado SNA-Snif.
Peschard, en ese contexto, señaló: “Pensamos que las distintas autoridades que tienen este tipo de programa pudieran darnos información sobre quienes lo tienen, cuánto se ha gastado y cuál es el marco jurídico, es lo que solicitamos para que podamos tener mayor información del caso, que nos parece particularmente relevante”. Dijo que podrían darse, en esos hechos, violaciones graves a la privacidad y, desde luego, actos de corrupción.
Pero cinco distinguidos votantes se negaron a tocar, aunque fuera con el pétalo de un exhorto a la administración peñista que monta en caballos alados. Entre un efluvio de legalismos y formalidades que Los Pinos debería agradecer, aunque fuera con mejores cargos para los deponentes, el punto fue rechazado: no está comprobado que sea un acto de corrupción y demás bla, bla doctoral y etcéteras solemnes: cinco votos en contra de molestar al cuaco pinolero espiador y uno a favor. Esos cinco adversos a la apertura representan a las siguientes instituciones teóricamente justicieras: el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Secretaría de la Función Pública.
Ahora, bien (o, más bien: “ahora, mal”), la titular de la oficina citada al final de la ristra de denominaciones, tan pomposas como ineficaces, es ni más ni menos que Arely Gómez, quien justamente tuvo a su cargo la operación inicial del sistema de espionaje Pegasus, adquirido por su antecesor en la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam. ¿Se abstuvo Arely Gómez, ahora titular de la secretaría de la función pública, de votar en un caso que evidentemente representa para ella un conflicto de interés? O, ¿en un admirable lance cívico e institucional, fue ella quien demandó que se informara a fondo sobre el caso y se despejaran dudas y maledicencias? No. Como sus cuatro congéneres, votó en contra. Cinco votos institucionales, contra el voto solitario de la “ciudadana” que preside, pero no gobierna. Carpetazo. Opacidad. Búsqueda de olvido. ¿SNA? ¡Snif!
La senadora priista Lilia Merodio Reza ha solicitado de manera categórica que Enrique Ochoa Reza renuncie a la presidencia nacional del PRI. Usualmente acoplada a las prácticas más tradicionales de su partido (votó a favor, por ejemplo, del aumento del Impuesto al Valor Agregado en la zona fronteriza del norte del país, siendo nativa y representante de Ciudad Juárez), la senadora declaró a El Heraldo de Chihuahua (periódico integrante de la Organización Editorial Mexicana) que “para sanear al PRI en toda la república, es necesario que el dirigente nacional, Enrique Ochoa, presente su renuncia, pues no conoce nada sobre la vida interna del partido ni de su militancia, pues él ni siquiera ha sido regidor”.
En particular, la mencionada legisladora denuncia que Ochoa Reza pretende imponer al futuro presidente del comité priista (en una entidad donde no hay gobernador tricolor), mediante un “juego sucio, muy perverso”, utilizando al delegado, Fernando Moreno Peña (cacique colimense) para presionar y amenazar a quienes “elegirán” a Omar Bazán como nuevo dirigente chihuahuense. A Morena Peña le atribuye Merodio algo que en otras entidades le han achacado al citado exgobernador de Colima: “mecanismos y acciones gansteriles” (https://goo.gl/3R2TWR ).
El (todavía) gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval (sin contacto afectivo en Los Pinos), ha pasado a engrosar el catálogo de priistas bajo documentadas acusaciones de corrupción. La procuraduría federal de justicia ha tomado en sus manos el expediente de quien pasó de jardinero indocumentado en Estados Unidos a ser político en su estado natal, donde acumuló escandalosa riqueza de la que hizo exhibición pública.
El consejero presidente del Instituto de la Nulidad Electoral (INE), Lorenzo Ugalde Zurita; perdón, Lorenzo Córdova Vianello, lamentó que la ciudadanía menosprecie lo que se hace en ese órgano “autónomo”. Y es que, aseguró, “en México se hacen las elecciones y se hacen bien”. Haciéndose, Córdova Vianello dijo que en el INE están “en una lógica de no autocomplacencias, de auto conformismos, sino en una lógica de autocrítica”. Ya con tan lindas palabras, luego de emitir un suspiro de complacencia y conformismo, a esta columna no le queda sino plácidamente hacerse a un lado y decir, ¡hasta mañana!.
