Las recientes aprehensiones hechas por la Fiscalía General del Estado responden a una demanda social de justicia y de cero impunidad hacia aquellos que saquearon a Quintana Roo. Con ellas se recupera un poco de la confianza ciudadana… pero aún falta. La sociedad no estará del todo satisfecha hasta que el principal orquestador de los desvíos, el exmandatario Roberto Borge Angulo, sea encarcelado.
Según ha declarado el gobernador Carlos Joaquín, hay cuatro denuncias en la PGR contra su antecesor y sólo es cuestión de que la justicia federal haga su parte. La determinación es firme y no habrá descanso hasta llevar ante la justicia a todos aquellos que saquearon al estado.
De los detenidos hasta ahora, Mauricio Rodríguez Marrufo deberá enfrentar su proceso tras las rejas. De sobra es conocido que era una de las personas más cercanas al exgobernador, amigo personal y conocidos desde la infancia en la isla de Cozumel.
Se le señala de haber dado descuentos en la venta de terrenos de hasta más del 90% del precio de los predios. Pero Rodríguez Marrufo no actuó solo, se espera que sigan cayendo muchos más integrantes de su red de corrupción.
Una de las principales piezas de esa red es Claudia Romanillos, extitular del IPAE, quien -sin embargo- no puede ser detenida porque cuenta con un amparo. El suyo es solo uno de la “lluvia” de amparos tramitados por exfuncionarios borgistas que ya sienten pasos en la azotea.
Caso aparte el de Paulina García Achach, quien suplió a Rodríguez Marrufo al frente de Seduvi. Ella fue detenida el pasado lunes, pero sólo pasó diez horas en prisión, ya que en la audiencia el juez determinó que enfrentara su proceso en libertad.
De hecho, la rápida liberación de Paulina García Achach ha desatado las especulaciones sobre una presunta negociación de su parte para convertirse en un testigo protegido en las carpetas de investigación de la Fiscalía.
Esto porque la exfuncionaria de Seduvi conoce a la perfección el modus operandi del remate de predios de la pasada administración y la enorme cantidad de despojos orquestados, en los cuales están involucrados también notarios y desarrollares inmobiliarios.
