El episodio de tufo mafioso que ha tumbado del cargo a Santiago Nieto Castillo, quien era el fiscal federal especializado en delitos electorales, da muestra del tronante ánimo de avasallamiento que está determinando las decisiones del grupo radicado en Los Pinos en el último tramo de fuerza política única de Enrique Peña Nieto, justamente en los preámbulos de la postulación del candidato oficial a la sucesión que, en cuanto se produzca, significará al mismo tiempo la declaratoria abierta de una guerra política de la que hoy se están conociendo ya descarnados adelantos.
El método utilizado para deponer a Nieto Castillo se ajusta a la descripción de lo mafioso, al botarlo con base en una nota periodística (del diario Reforma) que no se apegó a lo realmente declarado por quien entonces era fiscal, al utilizar los servicios profesionales de una turbia abogacía (Javier Coello Trejo) especializada en apabullar a los contrarios mediante el uso de diversos medios, incluyendo los de comunicación, y al colocar como objetivo supremo, falsa y facciosa “decisión de Estado”, el impedir que se conozca la verdad respecto a las acusaciones de que la firma brasileña Odebrecht, en particular su filial Braskem, habrían financiado de manera corrupta parte de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
La muy desaseada ejecución de este golpe a la credibilidad electoral incluyó el constreñir (seis averiguaciones previas y amenaza de llevarlo a la cárcel) al funcionario indeseado por Los Pinos, para que anunciara que se desistía de impugnar su infundada remoción. Las palabras de Nieto Castillo, al informar de su aceptación de los hechos, constituyen una lamentable declaración de sometimiento de un presunto investigador de delitos ante la fuerza de facto de los investigados y presuntos criminales. Invocar circunstancias políticas y aceptar que los investigados le habían retirado la confianza y por ello ya no podría intentar la restitución en el cargo, fue un alegato impropio de quien horas atrás se definía como un riguroso y, al mismo tiempo, esperanzado hombre de leyes.
Pero dos de los partidos que sostenían una especie de rebeldía ante el manotazo pinolero terminaron ayer confirmando que su proclividad a las negociaciones con el poder les hace poco confiables. Invocando que Nieto Castillo les había dejado “colgados de la brocha”, PAN y PRD aceptaron que ayer se diera cierre práctico al tema, como si el cumplimiento republicano de las obligaciones senatoriales dependiera de la volatilidad declarativa de una persona, por más que ésta hubiera renunciado (bajo fundadas evidencias de presión) a defender sus derechos.
PAN y PRD, bajo la acostumbrada batuta del director Emilio Gamboa Patrón, aceptaron que se deje correr el plazo para que el Senado objete la destitución de Nieto Castillo. Al convocar a la próxima sesión hasta después de que se haya agotado ese plazo, se está convalidando el mandar al diablo a la institucionalidad electoral. Por si quedara duda de esos arreglos, Acción Nacional y el sol azteca aceptaron que el próximo martes se expida la convocatoria para designar un nuevo fiscal para delitos electorales. Al final de la escena, solo la bancada del PT-Morena se mantuvo congruente con sus posicionamientos iniciales y se opuso a la farsa trágica.
No le son propicios los tiempos políticos a Miguel Ángel Mancera para dejar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, como ha anunciado que lo hará en diciembre próximo. No hay ningún signo de recomposición confiable y efectiva de lo sucedido el pasado 19 de septiembre. Por el contrario, hay un ánimo social irritado, lentitud en los procesos de reconstrucción, dictámenes respecto a habitabilidad de edificios que están en duda o son abiertamente rechazados y la vida urbana está peor que nunca en la capital del país.
Sin embargo, con un insostenible garbo político pretende Mancera abandonar el barco chilango y pasar a mejores circunstancias, como presunto precandidato a la postulación del Frente Ciudadano por México (FreCiMe) a la presidencia de la República. Carecía de condiciones reales para alcanzar esa candidatura desde antes del reciente sismo, pues la fuerza numérica y política de ese frente está en Acción Nacional y personalmente en el dirigente Ricardo Anaya, quien está obstinado en ser el receptor de la postulación que él mismo se ha diseñado.
Pero la apuesta de Mancera está en un segundo plano negociador: sacrificarse o ser sacrificado, para quedar en espera de un posterior premio de compensación, acaso en un cargo en un gabinete “de coalición” o en algún nombramiento negociado en los paquetes por venir. También debe decidir si instruye a su pieza en el tablero perredista, Alejandra Barrales, para que ceda el paso a Ricardo Monreal (¿a cambio de qué?) y éste sea candidato del FreCiMe a la jefatura capitalina de gobierno.
Al amparo de tales ambiciones personales, Mancera dejará su puesto en diciembre próximo. No es que haya hecho un destacado papel como jefe de gobierno y por ello se le fuese a extrañar. Pero en el expediente político que planea abrir le perseguirá el señalamiento del abandono de empleo, de la renuncia a seguir al frente de una ciudad en crisis, a la que protestó servir con entrega.
Astillas: El Instituto Nacional Electoral ha decidido, con ánimos de parecer de vanguardia, que organizará tres debates, y no dos, como obliga la ley, entre candidatos a la Presidencia de la República. Podrían ser más, lo cual resultaría positivo, pero no con el formato acartonado, aburrido, de sobreprotección que se asignan los propios aspirantes. Ah, dice el INE que ya explora “nuevos modelos” para esas sesiones… La PGR iba por dos cajas bancarias de seguridad en Cancún y, para no errarle y aprovechando el viaje, se llevaron el contenido de mil quinientos de esos receptáculos supuestamente tan privados… ¡Hasta mañana!
