Acontecimientos como el trágico ataque armado en una escuela privada en Monterrey, puso sobre la mesa, de nueva cuenta, la viabilidad de estrategias de seguridad como los denominados “Operativos Mochila”.
Más que una medida “preventiva”, es una respuesta reactiva de las autoridades, cuando casos como similares se mediatizan. No obstante, es imperativo analizar con cuidado las políticas públicas respecto a la seguridad de las y los estudiantes en los centros escolares.
En principio habría que ver cuál es la naturaleza del problema. La violencia es un fenómeno multidimensional por lo que no podemos cegarnos a abordar tan solo una de las aristas, en la que la única respuesta pareciera ser estigmatizar al /la estudiante como potenciales victimarios. Así podríamos encontrar distintas acciones encaminadas para reforzar la cultura de la paz en las aulas, mediante talleres, conformación de redes de apoyo, por mencionar algunos.
Lo que sí hay que dejar en claro es que no se trata de hacer “ocurrencias”, ni tampoco dejarle toda la responsabilidad a tan solo uno de los actores. Es necesario conjuntar a todos aquellos actores burocráticos (educativo, de seguridad, de derechos humanos) y no burocráticos (sociedades de padres y madres de familia u OSC’s), para aportar desde los ámbitos de competencia de cada uno de los involucrados, medidas que propicien la paz escolar. Cierto es que la violencia escolar es un asunto de máxima complejidad, en la que cada uno de los actores puede actuar conforme sus valores y visiones.
De cualquier modo, en el consenso entre todos los involucrados debe prevalecer el interés superior de la infancia, por lo que en el caso que esa medida, sea la de los Operativos Mochilas, me parece primordial que los criterios que se apliquen no sean unilaterales, emitiendo en su caso protocolos adecuados para no vulnerar los derechos humanos.
Por supuesto el problema no solo debe centrar en las aulas, sino fuera de ellas. Ahí el rol de los padres y madres es fundamental, pero también de la sociedad en su conjunto. ¿Qué pasa con la niñez y adolescencia? ¿Cuáles son los valores que se están planteando? ¿Qué hacen con su tiempo libre? Éstas son cuestiones imperativas, además de otras, que debemos resolver antes de perder el presente y futuro del país.
