No hagamos apología de la obligación y menos héroes a quienes la cumplen. Lo mínimo que debían hacer los diputados contrarios al paquete de la impunidad era votarlo en contra. Ya que estaban ahí, porque pienso que no debieron presentarse en esas ignominiosas sesiones del Congreso, transferidas a lugar aislado, cerrado, protegido y ajeno a la función pública. Con su asistencia legitimaron el atraco legaloide, con pasiva actitud de civilidad no correspondida. Trascendió que hasta fueron marginados de varios servicios en el hotel de lujo convertido es sede. Trato deshonroso, por no decir humillante.
Al saberse de las intenciones del gobernador, el PRI y sus aliados, la movilización social que pretendió detenerlos fue insuficiente y al final neutralizada. Todo quedó entonces en manos de los que votarían. Se apeló infructuosamente a la responsabilidad de honrar la voluntad social mayoritaria por parte de los diputados de todos los partidos, incluido el mensaje directo lanzado por el gobernador electo. Sin respuesta favorable, se vio venir imparable la legalización de la imposición autoritaria en un ambiente controlado. No había nada que hacer ahí que no fuera denunciar el atropello.
La votación estaba perdida de antemano. Ir a votar en contra o a dejar la boleta en blanco y en silencio convalidó el procedimiento. Lo que procedía era ganar la iniciativa política, no sentarse en terreno minado a observar como imponían su voluntad arbitraria.
En todo caso, mención particular merecen quienes han cambiado de posición como el diputado Víctor Mas Tah por haberse atrevido, el sí, a desafiar la línea oficialista del PRI al que pertenece. Los demás oponentes son parte de los partidos que se la jugaron por el cambio; algunos hasta candidatos fueron (o los titulares a los que suplen). Lo mismo vale para los regidores en los diferentes cabildos.
