Hace unos días, el dirigente del PAN en la entidad, Eduardo Martínez Arcila, se pronunció porque la veintena de diputados locales del PRI,PVE y Panal que recientemente aprobaron el paquete de impunidad del gobernador Roberto Borge, sean formalmente nombrados como “personas non gratas” para la entidad.
Como idea puede ser que no sea mala, aunque la realidad es que el castigo de poco importará a estos políticos que, seguramente, tienen asegurada su vida por unos buenos años.
Y es que en realidad el problema no será tanto que estos diputados hayan avalado la corrupción en la entidad, pues históricamente la fracción del PRI ha sido servil, a las órdenes del ejecutivo priista en Quintana Roo y en México, lo que si bien no lo justifica, sí era previsible.
El problema en realidad viene para los diputados de ese partido y sus compinches del PVE Y Panal en la XV Legislatura del Estado, quienes serán mayoría a en el Congreso local y tendrán que decidir si hacen o no frente a la arremetida que hará el Ejecutivo del PAN y PRD para tumbar, para dar marcha atrás a ese paquete de impunidad.
Pero además, los legisladores que en septiembre rendirán protesta por su amor y lealtad a Quintana Roo deben tener bien claro que lo aprobado por sus antecesores no sólo es cuidar las espaldas a quien, para entones, ya no será gobernador, sino que además le estarían restando atribuciones al nuevo mandatario.
¿Será tan grande su lealtad como para soportar todo lo que les espera, cubriendo a una persona que a partir de septiembre será un ciudadano común?
Y lo mismo ocurre con los magistrados, con el Fiscal y con el nuevo Auditor Superior del Estado.
Se aceptan apuestas…
