Pocas veces se ha tenido una exhibición tan aparatosa de las fallas criminales de gobiernos y constructoras, en cuanto a obras públicas, como ha sucedido en el Paso Exprés de Cuernavaca. Pocas veces, igualmente, se ha tenido un proceso tan largo, evidente y cínico de protección a las altas cúpulas, políticas y empresariales, como el que se ha dado en el caso del socavón que ahí se produjo.
En ese tenor, la visita que ayer hizo el secretario de comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a una comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, simplemente ratificó los escenarios de simulación e impotencia en que se mueve la vida pública de nuestro país: cierta oposición partidista ardorosa que a fin de cuentas se queda en el desahogo testimonial, un partido en el poder (y sus aliados) que procesan este tipo de comparecencias sin que el invitado sufra más que por incomodidades oratorias, un manejo mediático que da cuenta de las mortificaciones circunstanciales del secretario en turno y, a fin de cuentas, una especie de convalidación voluntaria e involuntaria de que todo sigue y ha de seguir como siempre, es decir, el crimen sin castigo.
Ruiz Esparza, con todo desparpajo, ha tratado de convertir sus graves faltas en virtud: no renuncia al cargo, dice, justamente porque él sigue cumpliendo con su responsabilidad de buscar responsables (sin voltear al espejo, advierte esta columna de azogue). En el catálogo de la otredad culpable ha inscrito a alguien que por méritos propios merece estar en esa colección infamante, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, ampliamente repudiado por ciudadanos de esa entidad que atribuyen al perredista actos continuos y graves de corrupción, nepotismo y permisividad (o complicidad) hacia consolidados grupos criminales de la región.
Y, en un arrebato épico de respeto a la legalidad vigente, tan límpida y bien conservada, el secretario Ruiz Esparza advirtió que las constructoras responsables del socavón cuernavaquense, Aldesa y Epccor, no pueden ser desposeídas, por él, de los derechos que ya han adquirido y están ejerciendo como parte del grupo encargado de los trabajos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (al que sus críticos denominan “el negocio del sexenio”).
En todo caso, Ruiz Esparza delega la responsabilidad en la histórica Carabina de Ambrosio (expresión popular que se refiere a algo que en realidad no sirve para lo que se dice que fue creado), la famosa Secretaría de la Función Pública que ya antes fue dirigida con esplendor por el recto Virgilio Andrade (jardinero de Casas Blancas) y ahora por la exprocuradora federal de justicia, Arely Gómez. En ese proyecto de lavatorio de manos de Poncio Ruiz Esparza, la Sefunpu deberá decidir si las glorias del socavón se mantienen o no en el curso aeroportuario.
El espectáculo continuará hoy, con la visita de Graco Ramírez a la misma instancia del congreso federal. Graco, ha de decirse, reparte su atención actualmente entre estos asuntos del socavón, la defensa de la forma en que su esposa se hizo de una casa en un terreno de más de dos mil metros (con un equipamiento de gran lujo, según algunos vecinos) y el pleito contra Cuauhtémoc Blanco, el futbolista llegado en fuera de lugar a la presidencia municipal de Cuernavaca, al que ahora una decisión judicial le reabre el camino rumbo a la portería de la próxima elección de gobernador del estado.
En otra pista del gran circo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tuvo ayer una reunión plenaria en el Senado de la República (con la presencia del precandidato Miguel Ángel Mancera), para definir su agenda de trabajo a partir del próximo 1, cuando inicie un periodo más de sesiones del congreso federal. La reunión de los perredistas tuvo como dato relevante el anuncio de que el sol azteca pugnará por crear una especie de frente amplio legislativo, con Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, cuando menos, que estarían dispuestos a impulsar de manera unitaria ciertos temas, entre ellos la designación de nuevos funcionarios, la continuidad o freno a las pretensiones de que Raúl Cervantes sea fiscal general de la república por nueve años y la definición respecto a la Ley de Seguridad Interior.
El frente amplio legislativo, en caso de confirmarse, además de ser una maniobra para el encarecimiento de acuerdos e intercambios con el PRI en el próximo tianguis político-legislativo, sería una primera expresión de la peculiar confluencia de intereses de esos tres partidos que pretenden presentar una candidatura presidencial común. Este proyecto busca enfrentar, tal vez con un candidato “independiente”, la figura creciente de Andrés Manuel López Obrador, lo que oxigenaría al declinante PRD y lo que, en el plano panista, desde ahora va relegando al calderonismo conyugal (con Margarita como carta cada vez más descolocada).
En el plano moreno, la atención está puesta en el anuncio que se dará a conocer este jueves, con el nombre del ganador de una peculiar encuesta de opinión entre mil personas (800, en su domicilio, y 200 en puntos públicos o por teléfono, según la poca e imprecisa información que se tiene). La contienda permitirá fijar como coordinador de trabajos partidistas en la Ciudad de México a quien luego será su candidato a gobernarla. El más reacio ante la opacidad de la encuesta y sus riesgos de manipulación, Ricardo Monreal, ha asegurado que respetará los resultados y que seguirá apoyando a López Obrador. Claudia Sheinbaum es vista en ciertos segmentos de la opinión pública como presunta beneficiaria de una decisión cupular procesada en forma de “encuesta”.
Y, mientras Enrique Peña Nieto se alista para entregar su quinto y penúltimo informe de gobierno, con la entrega de documentos al poder legislativo y, al otro día, una especie de fiesta personal con invitados, en Palacio Nacional, donde dará “un mensaje” (¡oh!), ¡hasta mañana!
