¿Qué le hace suponer a los poderes civiles que los militares se mantendrán indefinidamente leales, poniendo la cara y el pellejo en una guerra contra la inseguridad interna que no solamente consideran ajena, sino que ya les resulta evidente que funciona como barril sin fondo?
La inseguridad pública está directamente vinculada a la fortaleza del crimen organizado, que a la vez deriva de un sistema judicial laxo, del contubernio y de la impunidad política. No pasa nada con los bandoleros que cargan la metralla, como tampoco pasa nada con los de cuello blanco que mueven las manivelas del sistema bancario ni con los que manejan como propias las arcas del presupuesto público. Los vasos comunicantes están muy intrincados.
La fuerza pública regular no da el ancho para el tamaño del desafío. Los militares se tienen que hacer cargo de la parte violenta del problema y ya dijeron que no les gusta.
No es lo suyo. Puede ser que solamente se estén curando en salud pero, en ese caso, su molestia abierta no anuncia nada bueno.
Se mantendrán ahí aunque no les toque, revira el Presidente Peña, porque no hay nadie más que pueda hacerlo. Por necesidad no regresarán pronto a los cuarteles, ratifica el coordinador de los diputados federales priístas, César Camacho, debido a la situación de violencia que vive el país. Para eso se está preparando la Ley de Seguridad Interna que los ponga en regla para seguir patrullando las calles.
Formulando de otra manera la pregunta: ¿Y si los militares concluyen que atajar la violencia con más violencia es muy buen ejercicio de actividad pero insuficiente para enfrentar el problema que los pone ahí y deciden tomar medidas para resolverlo de raíz? La ley obliga.
