Una nueva develación masiva de datos confidenciales de operaciones financieras en paraísos fiscales ha reiterado tanto la vocación elusiva de importantes empresarios mexicanos respecto a sus obligaciones contributivas con la economía nacional como la búsqueda trasnacional de mecanismos que les ayuden a mantener a salvo y en la opacidad a esos grandes capitales, acumulados en el contexto de la gran desigualdad de la sociedad mexicana y de las fórmulas de corrupción que suelen beneficiar desde el poder político a sus aliados empresariales.
Bajo la firma de Mathieu Tourliere y como parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, se dieron a conocer ayer en la revista Proceso los resultados de un trabajo conjunto de análisis de documentos llegados al diario alemán Süddeutsche Zeitung. “Slim y los ultrarricos mexicanos en el mundo offshore”, se titula el reportaje relacionado con personajes como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Alberto Bailleres, Javier Miguel Afif, José Francisco y José Calderón Rojas (Femsa), que son algunos de los muchos nombres con relevancia en la economía mexicana que aparecen en diversas combinaciones y circunstancias como ejecutores de operaciones en instituciones especializadas en otorgar altos dividendos y, sobre todo, secretismo.
No hay señalamientos específicos de delitos cometidos en estas andanzas especiales. Es probable que, conforme a las leyes mexicanas y los usos y costumbres del binomio políticos-empresarios, nada pueda considerarse como una actividad delictiva, sobre todo si se toma en cuenta que el Estado debería ahondar en sus archivos (lo que muy probablemente no hará) para precisar si determinados fondos no tienen un origen lícito o no cumplieron aquí con sus obligaciones fiscales. De los Panama Papers a los Paradise Papers.
A contracorriente de lo que sucede en esos paraísos para los multimillonarios, a la hora de escribir esta columna corría información extraoficial e insuficiente respecto a un motín en un centro carcelario de Ciudad Victoria, Tamaulipas (en esa entidad, tan reacia a la violencia hasta en términos verbales, a los reclusorios se les llama Centros de Ejecución de Sentencias, Cedes).
En ese lugar, solo por dar referencia, se encuentra interno el ex gobernador Eugenio Hernández Flores, detenido luego de largos años de moverse con entera libertad por todo el país, atenido a las buenas relaciones que construyó con relevantes miembros del actual poder federal, en especial con Enrique Peña Nieto, a cuyas precampaña y campaña presidencial el ex mandatario norteño contribuyó con la misma buena disposición y generosidad que lo hicieron otros miembros de lo que fue llamado el “sindicato de gobernadores”, a favor de su entonces colega mexiquense. Una gran parte de esos “sindicados”, ha de mencionarse, están en la cárcel o sujetos a procesos judiciales por graves actos de corrupción; Hernández Flores, alias Geño, incluso en trámite de extradición a Estados Unidos.
Pero el caso tamaulipeco solamente es un caso más. Se han vuelto comunes en todo el país la explosión de inconformidades al interior de esos centros penitenciarios, la difusión de graves actos inhumanos contra algunos de quienes ahí son hacinados y la contundente evidencia pública de la inviabilidad reformatoria de tales lugares. La vida carcelaria es asumida por la sociedad, en general, como una zona viscosa y de extremo peligro a la que es mejor dar la espalda, sin siquiera algún gesto cívico firme en demanda de una solución a fondo de tantos problemas acumulados en ese ámbito.
Un ejemplo de la colusión de autoridades con presos de alta peligrosidad, para extorsionar a la población penitenciaria y a sus familiares, se ha conocido en el noticiero de Imagen, que conduce Ciro Gómez Leyva y con un trabajo especial del reportero Humberto Padgett: Luis Alberto González Nieto, alias el Tato o el Tatos, lleva 10 años sin sentencia, pero a falta de eficacia procesal en su contra ha acumulado estancias en centros de reclusión (12 lugares distintos) en las que se ha especializado en “controlar” a sus compañeros de cárcel, por encargo y para beneficio de las autoridades, y en torturar a los internos, incluso “sopleteándolos”, para “motivar” videográficamente a sus familiares a que paguen determinadas cantidades de dinero.
El Tato o Tatos llegó a revelar nombres de algunos de esos funcionarios mexiquenses que lo pusieron a “trabajar”, en una confirmación de la cadena de complicidades que a fin de cuentas desemboca necesariamente en quien ocupa la gubernatura de una entidad, Eruviel Ávila, hasta hace poco, y ahora Alfredo del Mazo, en el Estado de México.
En el penal Neza-Bordo también se produjo un motín la semana recién pasada, con el secuestro de cuando menos un par de custodios e incluso del director de ese centro penitenciario, Miguel Ángel Correa Peralta, aunque la versión oficial consideró que, en realidad, se había tratado de un “diálogo”, entre ese director y los grupos sublevados, que duró dieciséis horas. Ayer, como castigo, treinta internos fueron llevados a establecimientos en otras partes del país.
En el fondo hay una espiral de acumulación ilegal de dinero por parte de funcionarios que se embolsan parte de los recursos destinados a la atención de procesados y sentenciados, que propician y protegen la cruenta corrupción interna y que, por otro lado, hacen “cochinitos” para las campañas electorales o movimientos de organigrama de los máximos jefes.
Recuérdese que Eruviel Ávila, omiso en el caso del Tato o Tatos en la entidad parcialmente conurbada con la Ciudad de México, ahora preside a título de delegado especial el comité priista capitalino y hay quienes consideran que este cargo es una estación de paso, en espera de sustituir a Enrique Ochoa Reza en cuanto se produzca el dedazo para la candidatura presidencial priista. ¡Hasta mañana!
