La sociedad quintanarroense espera que la nueva administración estatal cumpla con dos objetivos: un buen gobierno de cara a la gente y que se haga justicia. Simultáneamente. Uno sin el otro, por muy bueno que sea, será insuficiente.
En cuanto a lo segundo, si no se ajustan cuentas con el pasado inmediato no habrá credibilidad. No por revanchismo, venganza personal o cacería de brujas, sino por un acto elemental de justicia y por la necesidad de mostrar sin titubeos que la cosa pública se encamina, si y solo si, por la ruta del estado de derecho.
Eso no se va a conseguir con voluntarismo, decreto gubernamental ni, en última instancia, por decisión judicial local. La realidad es contradictoria y la impunidad de los gobernadores salientes parece un deporte nacional. Son muchos los que están en la mira del escrutinio público, pocos a los que se les señala directamente como responsables y contadísimos a los que se les aplica la ley. Hasta hoy no se ha visto que la persecución o caída de un gobernante estatal sea resultado de la acción directa de su sucesor aunque este lo desee y promueva. Tampoco su salvación impune se resuelve a ese nivel. El jaloneo de la política nacional lleva la mano.
Por eso es un exceso, si no es que un abuso, suponer siquiera que “la libertad de Borge para andar por el mundo” pudiera ser el resultado de un acuerdo de impunidad pactado con el gobierno de Carlos Joaquín. Peor darlo por bueno simplemente porque la gente lo hace su verdad al sentirse ofendida porque aún no se ha hecho justicia. La ligereza de esas afirmaciones abona a favor de quienes ostensiblemente están intentado obstruir -y si les es posible abortar- el proceso de cambio que recién empezó.
